Las reiteradas quejas del Consejo de Informativos de RTVE sobre la externalización de programas informativos -incumpliendo el Mandato Marco que rige la Corporación pública- ha dado un paso más con la emisión de un informe en el que analiza dos de los programas más controvertidos de La 1: Malas lenguas y Mañaneros 360. El organismo interno ha dado este paso después de acumular “más de 100 quejas y actuando también de oficio”.
Un informe que alcanza las 144 páginas y en el que se acusa de “sesgo” a ambos formatos y a sus presentadores. Sobre Jesús Cintora y Javier Ruiz son muy claros: “adolecen de sesgo, tanto en el contenido de sus opiniones como en la forma de exponerlas”. Además, les acusan de hacer un reparto desigual de los tiempos en la mesa de debate, saltándose su rol de moderador y favoreciendo a aquellos que “argumentos favorables al Gobierno o al PSOE”. En el mismo documento añaden que “suelen favorecer solo a quienes defienden tesis de un determinado signo político”.
También hacen referencia a la opacidad de los responsables de estos programas, fundamentalmente de los encargados de decidir la línea editorial: “Es opaca y no se sabe, o al menos, no se nos dice, quiénes son los responsables reales”.
La sintonía entre el Consejo de Informativo y los responsables de RTVE lleva tiempo erosionada, siendo escasa o directamente nula. Queda patente también en este informe en el que han reflejado “la falta de respuestas de la Dirección” que han recibido durante la elaboración de dicho informe.
Rescate de la SEPI
El informe se ha dado a conocer solo horas después de que el diario El Mundo haya publicado una información en la que asegura que RTVE va a solicitar a la SEPI -Sociedad -Estatal de Participantes Industriales-, única propietaria de la Corporación pública, un rescate por valor de 700 millones de euros.
Según asegura el diario de Unidad Editorial, RTVE necesitará recurrir a este préstamo la próxima primavera cuando se conozca la sentencia sobre el IVA que tiene previsto dictar la Audiencia Nacional el próximo mes de abril. Aunque de momento, la sentencia está pendiente de resolución, José Pablo López aseguró en una de sus últimas comparecencias en el Congreso, que no dudaría en recurrir a este organismo si fuera necesario para sanear las cuentas -bastante deterioradas- del organismo que preside.
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