Profesionales de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y el lobby en España han lanzado un documento, abierto a la adhesión de todo el sector, para reclamar la aprobación urgente de la ley que regule la actividad de los grupos de interés en el país y garantice mayor transparencia, integridad institucional y confianza ciudadana. Este Manifiesto por una regulación urgente, justa y necesaria de la actividad de los grupos de interés en España nace como una iniciativa impulsada desde la propia profesión, con el objetivo de contribuir al debate público en un momento clave de tramitación parlamentaria.
El texto cuenta con el respaldo de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), aunque se trata de un llamamiento abierto a todo el sector. Hasta este 15 de enero, el texto ha sido firmado por más de medio centenar de directivos y profesionales.
Carlos Parry: “Queremos ya una regulación”
El presidente de APRI, Carlos Parry, dice que los profesionales que se dedican a las relaciones institucionales y a los asuntos públicos “queremos ya una regulación que aporte seguridad jurídica a nuestra profesión y transparencia en las relaciones entre el sector público y el privado”.
Explica que es una regulación para un sector profesional que lleva reclamando más de una década, “el caso de España es una anomalía cuando en Bruselas y en multitud de países de nuestro entorno cuentan con una regulación. Reclamamos a los grupos políticos que dejen a un lado sus intereses partidistas y pongan por encima el interés general y acuerden ya en el Congreso la regulación”.
Qué piden los profesionales de los Asuntos Públicos
Los impulsores subrayan que España se encuentra ante una oportunidad histórica para dejar de ser una excepción en Europa y dotarse de una regulación que ordene de forma clara la relación entre la sociedad civil y los poderes públicos. A su juicio, retrasar nuevamente la aprobación de esta norma supondría prolongar la falta de seguridad jurídica y la desconfianza en los procesos de toma de decisiones públicas.
“Con espíritu constructivo pero también con firmeza” piden que la puesta en marcha de la regulación aporte garantías a todos: ciudadanos, instituciones, sociedad civil y profesionales. Así, el documento defiende que la participación organizada de empresas, asociaciones, universidades, ONG, sindicatos y otros actores sociales es una garantía democrática, ya que aporta conocimiento experto y mejora la calidad de las políticas públicas. Para que esta participación sea legítima y genere confianza, señalan, debe desarrollarse en un marco regulado, transparente y con reglas claras.
Entre las principales propuestas del manifiesto se encuentran la creación de normas homogéneas para regular la interacción entre grupos de interés y responsables públicos, la transparencia en agendas y reuniones, el establecimiento de una huella normativa que permita conocer quién ha participado en la elaboración de las leyes y la puesta en marcha de mecanismos de supervisión independientes.
El texto también reivindica el lobby como una actividad profesional legítima y necesaria en las democracias avanzadas y rechaza cualquier práctica opaca o contraria a la legalidad y la ética. Los firmantes subrayan su compromiso con una actuación ética, responsable y orientada al interés general.
La iniciativa se lanza con una clara vocación inclusiva, con el objetivo de llegar al mayor número posible de profesionales del sector. Así, las adhesiones al manifiesto se irán incorporando y haciendo públicas de forma progresiva.
Con este llamamiento, los impulsores instan a los grupos parlamentarios a actuar con responsabilidad y aprobar una regulación que refuerce la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad democrática en nuestro país.
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