Televisión Española vivió la semana pasada una de las semanas más tensas en años tras la publicación de un informe interno del Consejo de Informativos de RTVE en el que se acusa a Mañaneros 360 y Malas Lenguas de incumplir las normas periodísticas fundamentales y mostrar un marcado sesgo político en sus contenidos. El documento, que suma 144 páginas de análisis tras más de 100 quejas internas y una investigación de oficio, sostiene que ambos formatos presentan contenidos que no se rigen por criterios periodísticos claros, mezclan opinión con información y favorecen tesis políticas cercanas a determinados partidos, principalmente al Gobierno y al PSOE. Además, denuncian opacidad sobre la responsabilidad editorial y la participación de personas ajenas a la corporación en decisiones clave. Entre las prácticas mencionadas, el Consejo señala distribución desigual de tiempos en tertulias, uso de lenguaje agresivo por parte de colaboradores, y hasta la difusión de noticias falsas o sensacionalistas, lo que, según el informe, va en contra del rol de una televisión pública financiada con fondos públicos.
La investigación se ha centrado en dos programas que triunfan en parrilla: Mañaneros 360, espacio matinal presentado por Javier Ruiz y Adela González, y Malas Lenguas, conducido por Jesús Cintora. El Consejo critica que la opinión y la información están entrelazadas de forma tal que dificulta la diferenciación entre ambas, algo que para muchos profesionales es un principio básico dentro de un medio público. También se apunta que la presencia de tertulianos y expertos afines a una misma orientación política, junto con intervenciones reiteradamente favorables a determinados discursos, pone en entredicho la neutralidad editorial que exigen las normas internas de RTVE.
Quienes respaldan el informe, consideran que este pone el foco en la necesidad de reforzar la independencia y la credibilidad de la televisión pública. Para estos sectores, los hallazgos del Consejo evidencian una contradicción entre lo que se anuncia como información veraz y la práctica real de determinados programas, que al mezclar opinión política con información generan percepción de parcialidad que puede debilitar la confianza de la audiencia en la televisión pública. Además, algunos sindicatos y asociaciones de periodistas habían emitido previamente advertencias similares, reclamando mayor rigor editorial y cumplimiento de los códigos deontológicos que rigen el servicio público.
Al contrario, desde los equipos de los programas señalados y sus defensores se rechaza la interpretación del Consejo, defendiendo que la labor de informes como este sólo es intentar acallar voces críticas o limitar el debate.
Asimismo, sus defensores sostienen que programas de opinión y análisis político inevitablemente combinan información con interpretación y que esa mezcla forma parte del pluralismo informativo en un contexto en el que los ciudadanos buscan análisis, contexto y debate. Desde esta óptica, señalar sesgo ideológico puede ser una simplificación, y la crítica interna podría responder más a tensiones sobre el estilo y formato que a violaciones reales de las normas periodísticas.
Sectores cercanos a estos programas destacan que su éxito de audiencia demuestra que conectan con una parte significativa de la ciudadanía y ofrecen perspectivas valoradas por públicos que demandan análisis más allá de los telediarios tradicionales.
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