El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el Ministerio de Sanidad, con el objetivo de reforzar la gestión pública como eje prioritario en la organización y provisión de los servicios sanitarios. La norma busca consolidar un marco jurídico que garantice la universalidad, la equidad, la transparencia y la calidad del sistema, alineado con criterios de sostenibilidad y buen gobierno.
El Gobierno sostiene que, aunque el SNS ha sido mayoritariamente público desde su creación, la expansión de modelos privatizados en las últimas décadas ha provocado fragmentación, menor transparencia y una reducción de la capacidad de control institucional. El anteproyecto pretende revertir esta tendencia fortaleciendo el papel de las administraciones públicas en la titularidad y gestión de los servicios.
La iniciativa se apoya en estudios internacionales, incluido un análisis comparado de 38 países de la OCDE que concluye que no existe evidencia de mayor eficiencia en los modelos privatizados. En el caso español, evaluaciones de experiencias como el modelo Alzira señalan peores resultados en indicadores como hospitalizaciones evitables o mortalidad por infarto e ictus, además de reducciones de plantilla que podrían afectar a la calidad asistencial.
Gestión indirecta, solo en casos excepcionales
La norma define la gestión directa como la prestada por las administraciones sanitarias o entidades públicas vinculadas a ellas, mientras que la gestión indirecta quedará limitada a situaciones excepcionales, cuando no sea posible la prestación directa y se garantice la sostenibilidad financiera, la eficiencia y la calidad del servicio. En estos casos será obligatorio un procedimiento previo de evaluación con informes técnicos, análisis de expertos independientes y publicación de los resultados.
El anteproyecto también regula el funcionamiento de los consorcios sanitarios, que deberán estar adscritos a una administración sanitaria, someterse a auditorías obligatorias y cumplir la normativa de estabilidad presupuestaria y control de cuentas. Asimismo, se introducen medidas de buen gobierno que obligarán a publicar información periódica sobre contratación, conciertos y resultados de salud, así como la implantación de indicadores comunes de calidad en todo el SNS.
La futura ley prevé además evaluar en el plazo de un año las experiencias de gestión privada desarrolladas desde 1997 y ofrecer asesoramiento técnico a las administraciones que decidan revertir servicios externalizados. El texto derogará la Ley 15/1997 y modificará la normativa sanitaria y de contratación pública para priorizar la gestión pública, manteniendo vigentes los contratos actuales hasta su finalización y aplicando las nuevas reglas a los procedimientos futuros.
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