El pediatra de Atención Primaria desempeña un papel fundamental en la detección y prevención de situaciones de violencia, acoso y maltrato en la infancia. Así se ha puesto de manifiesto durante el 22º Congreso de Actualización en Pediatría organizado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que reúne en Madrid a más de 700 profesionales sanitarios entre el 5 y el 7 de marzo para abordar los principales retos que afectan a la salud infantil.
Durante una mesa redonda dedicada al entorno legal en la consulta pediátrica, la fiscal Gemma Martín subrayó que la consulta de Pediatría es “un espacio privilegiado de detección y prevención” ante posibles casos de violencia contra menores. Según explicó, la documentación clínica elaborada por estos profesionales puede resultar determinante en procedimientos judiciales o de protección, especialmente cuando existen sospechas de maltrato.
De la consulta al juzgado
Las expertas recordaron que la violencia contra niños, niñas y adolescentes constituye un problema de salud pública. La pediatra María Ángeles Carrasco destacó que los profesionales sanitarios no solo deben diagnosticar y tratar enfermedades, sino también valorar factores sociales y activar, cuando sea necesario, mecanismos de protección mediante la notificación del caso a las autoridades. Actualmente, solo el 13% de las notificaciones de maltrato infantil proceden del ámbito sanitario, a pesar de que el pediatra es uno de los profesionales más cercanos a las familias.
El maltrato infantil puede manifestarse de múltiples formas, desde negligencia —el tipo más frecuente— hasta violencia psicológica, física o sexual. En muchos casos permanece oculto, por lo que la detección precoz resulta clave. “El fenómeno del maltrato infantil está ampliamente invisibilizado y, en muchas ocasiones, son los pediatras quienes hacen posible que la violencia no pase desapercibida”, señaló Carrasco durante el encuentro.
Además de los casos de violencia directa, las expertas alertaron del aumento de conflictos familiares complejos derivados de rupturas de pareja con hijos a cargo. En estas situaciones, los pediatras deben afrontar decisiones que afectan a derechos fundamentales del menor, como el consentimiento informado, la capacidad del adolescente para tomar decisiones sanitarias o los desacuerdos entre progenitores respecto a tratamientos médicos.
El congreso también abordó nuevos riesgos vinculados al entorno digital, como el ciberacoso o la difusión de contenidos manipulados mediante tecnologías como los ‘deepfakes’. Las especialistas coincidieron en la necesidad de reforzar la formación legal y social de los pediatras para poder identificar estas situaciones y orientar a las familias, siempre guiados por un principio fundamental: el interés superior del menor.
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