El Parlamento Europeo adoptó el 26 de marzo un nuevo marco de Derecho penal armonizado para prevenir y combatir la corrupción en la Unión Europea. Se trata del primer marco penal comunitario para luchar contra la corrupción, con definiciones y niveles de sanción armonizados para los delitos de soborno, apropiación indebida y enriquecimiento ilícito.
La Directiva, acordada provisionalmente entre el Parlamento y el Consejo en diciembre de 2025, establece definiciones comunes de delitos de corrupción, incluidos el soborno, la apropiación indebida, la obstrucción de la justicia, el comercio de influencias, el ejercicio ilícito de funciones, el enriquecimiento ilícito vinculado a la corrupción, la ocultación y la corrupción en el sector privado, y armoniza las normas sobre sanciones. El texto salió adelante con 581 votos a favor, 21 en contra y 42 abstenciones.
Un enfoque común de la disuasión y las sanciones
Mediante la modernización de las normas existentes, la armonización de las definiciones jurídicas y la introducción de niveles de sanción estructurados, el nuevo marco tiene por objeto abordar las lagunas en materia de ejecución, en particular en los casos transfronterizos.
El sistema sancionador se articula en torno a penas máximas para toda la UE, es decir, garantizar que el castigo máximo por delitos de corrupción no sea demasiado en ningún Estado miembro. Los países mantendrán la posibilidad de adoptar normas más estrictas y adaptar las disposiciones a sus ordenamientos jurídicos nacionales.
Cooperación para hacer frente a los retos existentes y emergentes
La normativa refuerza la cooperación entre las autoridades nacionales y los organismos de la UE —incluida la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Fiscalía Europea, Europol y Eurojust—, además de mejorar el intercambio de información y la coordinación.
Los Estados miembros deberán publicar anualmente datos comparables y automatizados, a fin de mejorar la transparencia y la elaboración de políticas basadas en datos contrastados.
Estrategias nacionales y requisitos para organismos independientes
Para reforzar la prevención y la gobernanza, los Estados miembros deberán adoptar y actualizar periódicamente las estrategias nacionales de lucha contra la corrupción (involucrando a la sociedad civil en el proceso).
También tendrán que llevar a cabo evaluaciones de riesgos y garantizar sistemas sólidos sobre conflictos de intereses, transparencia de la financiación política y normas de integridad. Igualmente deberá contar con organismos dedicados y suficientemente independientes para prevenir y combatir la corrupción.
“Esta ley es histórica. La corrupción ha hecho que los periodistas sean silenciados, que los ciudadanos sean asesinados y que se acorten vidas. Detrás de cada estadística hay un nombre, una historia y un futuro negado. La corrupción también drena miles de millones de nuestras economías, erosiona la confianza en el gobierno y socava la democracia misma. Si no se controla, amenaza el fundamento mismo de nuestra Unión. Esta ley trata de defender a Europa en su núcleo y de ofrecer resultados a nuestros ciudadanos”, dijo la ponente Raquel García Hermida-van der Walle (Renew, Países Bajos).
Antes y después
Cabe recordar que el 3 de mayo de 2023, la Comisión presentó un paquete de lucha contra la corrupción. Sobre la base del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el texto definía la corrupción como un ámbito de «delincuencia especialmente grave con una dimensión transfronteriza» e incluía medidas para mejorar tanto la prevención como la lucha contra la corrupción.
Según una encuesta del Eurobarómetro de 2025, el 69 % de los europeos cree que la corrupción está muy extendida en su país, mientras que el 66 % cree que los casos de corrupción de alto nivel no se persiguen lo suficiente.
El siguiente paso será que la Directiva sea adoptada formalmente por el Consejo antes de entrar en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros dispondrán entonces de veinticuatro meses para trasladar los cambios a la legislación nacional, a excepción de las disposiciones sobre evaluaciones de riesgos y estrategias nacionales, para las que tendrán treinta y seis meses.
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