La polémica orbita sobre Tizona Comunicación, agencia de Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, que facturó al partido de Santiago Abascal cerca de 1,3 millones de euros en 2020 y más de 3,7 millones en un lustro.
Este escenario ha desatado una crisis interna. Voces críticas como Juan García-Gallardo, Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros han denunciado la creación de una “estructura paralela” o “partido-empresa” que se lucra con fondos públicos, exigiendo fiscalizar “euro por euro” el destino del dinero. Según Olona, gran parte de esta facturación se justificaba internamente mediante partidas opacas de gastos externos.
Ante la crisis, Vox ha optado por blindar a Tizona. En un comunicado, la formación justifica la simbiosis: “A medida que el partido fue creciendo […], algunos trabajadores de Tizona se fueron incorporando a la estructura del propio partido, incluso en puestos de relevancia pública, dada su demostrada valía”.
Una crisis de calado
Según el diario El País, la respuesta de la cúpula no se ha limitado al comunicado. El periodista Miguel González señala que se han abierto expedientes de expulsión contra figuras de peso como Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, García-Gallardo o Ignacio Ansaldo, titular del carné número uno de la formación.
El consultor político Aldo De Santis, en una entrevista para PR Noticias, analiza este tipo de roles. Para De Santis, aunque es vital contar con asesoría especializada, “no está bien que un consultor se convierta en la voz o la imagen autorizada de una organización“. Recalca que el asesor provee insumos y hojas de ruta, pero jamás debe actuar como un “megaministro”, pues la legitimidad recae exclusivamente en el actor político.
Estrategia frente a gestión de recursos
En el caso Tizona, las investigaciones sugieren que sus dueños —pese a no tener cargos formales— ejercían como ideólogos e incluso negociaban directamente con presidentes autonómicos, una práctica que roza la irregularidad administrativa.
Vox justifica los pagos basándose en sus éxitos electorales y premios internacionales (como el Napolitan Victory Award 2020), alegando además que sus cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, De Santis advierte: “De ninguna manera el éxito de la comunicación puede eludir la transparencia“. Al manejarse fondos públicos, la comunicación de partido debe transformarse en comunicación institucional, cuyo objetivo primordial es transparentar la gestión para generar legitimidad democrática.
La normalidad de la crítica
Para De Santis, las críticas internas hacia las cúpulas son “lo más normal del mundo” y deben gestionarse en espacios de deliberación legales. Recomienda que las decisiones de crisis (como los expedientes de expulsión mencionados) sean emitidas por órganos técnicos para que la máxima autoridad no asuma el coste político del conflicto.
“Su labor es apoyar, dotar de herramientas e insumos a los tomadores de decisión. No más que eso”, concluye el experto. El límite es claro: el consultor no puede ser portavoz ni rostro de la organización; su éxito reside en la invisibilidad y el soporte técnico, no en la suplantación del poder político.
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