Concepción Campos Acuña ha sido nombrada presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante Real Decreto del Consejo de Ministros publicado este 2 de abril en el BOE. Su nombramiento se produce tras haber sido refrendada su propuesta de nombramiento por el Congreso de los Diputados el pasado 25 de marzo y su mandato será de cinco años, no renovable.
Según la web del Consejo de Transparencia, cuenta con una dilatada trayectoria relacionada con la transparencia, la integridad pública y el buen gobierno. Doctora en Derecho cum laude y Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela, es una directiva pública profesional, secretaria de Administración Local, categoría superior, con más de 20 años de experiencia (su último destino había sido el Ayuntamiento de Vigo). En la actualidad se encontraba en situación de excedencia como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili.
Ha sido representante técnica en la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha desempeñado diferentes trabajos, como la coordinación del proceso de revisión del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP (2015) y de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización. Hasta ahora era coordinadora del Grupo de Trabajo de Integridad en la Contratación Pública de dicha Red; y ha sido miembro de su grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Es doctora honoris causa por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro de México, y académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha coordinado la cátedra de Buen Gobierno Local de la Universidad de Vigo y ha sido docente en diferentes programas de máster y de posgrado tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta también con una prolífica actividad investigadora y editorial en materias de transparencia y buen gobierno.
Líneas estratégicas de su mandato
En su comparecencia del pasado 25 de marzo en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, que refrendó el nombramiento, Concepción Campos avanzó las líneas estratégicas de su mandato al frente de una institución que, recordó, es “clave para el Estado de derecho”.
Ha dicho que una de sus prioridades será lograr su actualización, para lo que reclamó el apoyo de la Cámara. “No estamos en el momento fundacional de la transparencia, sino en un momento en el que hace falta avanzar, consolidar, corregir, actualizar y reforzar”, incidió.
En materia de publicidad activa, en la que a su juicio el balance es “agridulce”, se deberá ampliar el catálogo de obligaciones, y uno de los retos será transformar la cultura en la Administración para pasar de la transparencia como mera obligación formal a “una transparencia como verdadero valor institucional, orientada al dato y a la reutilización de información”.
En cuanto al derecho de acceso a la información pública, considera necesario reforzarlo como un derecho “verdaderamente operativo”, mejorando los tiempos de respuesta y superando “ciertas inercias restrictivas” de Administración. La segunda línea maestra será intensificar la cooperación institucional, tanto con los órganos garantes de la transparencia autonómicos como con otras entidades que trabajan en ámbitos concurrentes.
“En un estado territorialmente complejo, uno de los grandes desafíos es trabajar en red; la pluralidad y riqueza de órganos no puede servir para fragmentar, tiene que articularse desde la optimización, juntos podremos trabajar mejor”.
También ha dicho que promoverá el uso responsable de la tecnología y la inteligencia artificial. Anunció que el Consejo jugará un papel líder como garante de la transparencia algorítmica, ya que la IA es una herramienta muy poderosa para mejorar los servicios que presta la Administración, pero “con reglas claras y transparentes, pues el uso de algoritmos puede generar problemas de opacidad, sesgos y discriminación”.
Sustituye a José Luis Rodríguez Álvarez
El presidente anterior del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue José Luis Rodríguez Álvarez. Ocupó el cargo desde octubre de 2020 hasta el final de su mandato de cinco años no renovables, el 31 de marzo de 2026. Jurista y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, fue nombrado por el Consejo de Ministros y avalado por el Congreso. Anteriormente, dirigió la Agencia Española de Protección de Datos y trabajó en cargos públicos desde 2004.
Durante su presidencia impulsó cambios en la estructura y dotación del Consejo para mejorar el cumplimiento de obligaciones de transparencia y el acceso a información pública. Su salida coincidió con el récord de reclamaciones por opacidad administrativa.
Concepción Campos tiene, además, el reto de mejorar la imagen de la institución. Su antecesor recibió críticas principalmente por su percepción de falta de independencia y opacidad en la comunicación.
PP, Vox y Ciudadanos cuestionaron su imparcialidad por su trayectoria en gobiernos socialistas (Zapatero y Sánchez), incluyendo su rol en la Agencia de Protección de Datos y decisiones iniciales vistas como cercanas al Ejecutivo. EH Bildu también expresó dudas sobre su idoneidad pese a reconocer su preparación.
Al inicio de su mandato se le acusó de reducir entrevistas y declaraciones públicas, rompiendo con la tradición abierta del Consejo. Además, destituyó a dos vocales clave (Esperanza Zambrano y Javier Amorós) que habían criticado al Gobierno por temas como los viajes del Falcon y la covid, lo que generó polémica sobre favoritismos.
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