Milan Kundera, el gran escritor checo, decía que Franz Kafka fue el escritor que definió mejor el siglo XX porque describió, antes que nadie, lo que definió a esa centuria: la vida moderna marcada por la burocracia para el ciudadano.
Ya entrado el siglo XXI, no hablamos de la burocracia como esa incomodidad insoportable que no podemos eludir y aunque no es perfecta (o por lo menos ya estamos acostumbrados a ella), hay pasos evidentes que hace que algunos procesos con las administraciones públicas sean menos engorrosos.
La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha informado que los ingresos de sus asociados por contratos con las administraciones públicas han crecido 80,6% desde 2020, impulsados por la aceleración de la transformación digital del sector público tras la pandemia, en un camino para hacer de los procedimientos sean cada vez más fáciles y rápidos para las personas.
Con los últimos datos disponibles, la administración pública se consolida, solo por detrás del sector financiero, como el segundo contratante de servicios de consultoría tecnológica en España.
En la nota de prensa de la AEC se dice que entre 2020 y 2024, los ingresos de las consultoras procedentes del sector público pasaron de 2.093 a 3.781 millones de euros, 80,6% más.
Por tipo de administración, las comunidades autónomas concentraron en 2024, 55,1% de las licitaciones relacionadas con consultoría tecnológica, seguidas de la Administración General del Estado con 36,6%; y los ayuntamientos, 10,3%.
La fórmula más eficiente
“La consultoría tecnológica es un sector indispensable para la modernización de las administraciones públicas y de los servicios que prestan a la ciudadanía. La colaboración con las empresas consultoras ha demostrado ser la fórmula más eficiente para mejorar las capacidades del sector público y de sus profesionales”, ha señalado José María Beneyto, presidente de la AEC.
Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en el desayuno informativo, persisten retos en el marco normativo que obstaculizan la adopción de las nuevas tecnologías. “Es necesario reformar la Ley de Contratos del Sector Público para que sea más ágil y flexible, ya que está frenando el desarrollo tecnológico de España”, ha advertido Beneyto.
El sector considera que se trata de una ley diseñada para adquirir suministros tradicionales, que no se adapta a los servicios tecnológicos complejos y cambiantes como big data, inteligencia artificial, cloud computing o ciberseguridad. Una realidad que demanda mayor flexibilidad, agilidad en los procesos administrativos y un mayor peso de los criterios de calidad frente al precio.
Mantener la inversión tras los Fondos Next Generation
En su participación en el foro, Luis Fernández Hernando, director general de Minsait, ha afirmado que “en un contexto de incertidumbre creciente, la tecnología es la palanca que permite garantizar la continuidad de infraestructuras críticas, proteger servicios públicos esenciales, aprovechar mejor cada euro público y evolucionar hacia administraciones más proactivas, que se anticipan a las necesidades de los ciudadanos. Hablamos de construir un sector público más resiliente, eficiente y cercano, preparado para responder a los retos económicos, sociales y geopolíticos actuales”.
Chus Paniagua, managing director de Sector Público en Accenture ha explicado que: “según nuestra última encuesta, 44% de los ciudadanos valora positivamente su experiencia con los servicios públicos digitales, aun así, queda camino por recorrer. 67% de los empleados públicos cree que la IA puede ayudarles en su trabajo y en general se muestran optimistas en la mejora de la atención al ciudadano. Hay que cuidar al talento, formarlo y acompañarlo para que la tecnología sea útil en su día a día”.
Pablo Rodríguez Maroto, responsable de Consultoría de Negocio en Sector Público España en NTT DATA ha apuntado: “Nos preocupa que se reduzca la inversión en transformación digital y consultoría. Sería un enorme error discontinuar el impulso digital de estos años”.
Montserrat Gallardo, responsable de Sector Público Zona Centro en Ayesa ha indicado que “en los últimos años hemos demostrado una gran capacidad de ejecución en la transformación digital de las administraciones públicas. El reto ahora no es solo seguir invirtiendo, sino asegurar que lo ya iniciado se consolida y genera valor real en el día a día de ciudadanos y empleados públicos”.
Cambios necesarios en la contratación pública
Ana Ortega, director of BU Public & Health y director of Intelligent Operations en Izertis, se ha referido a que “la colaboración público-privada tiene que estar orientada a objetivos y construir relaciones estables: dejar de ejecutar proyectos y poner el foco en generar valor y un impacto medible. En este sentido, la tecnología pasa a ser un gran aliado de la administración. Cuando la IA y el gobierno del dato dejan de ser proyectos piloto y se incorporan como capacidades estructurales, no solo mejoran los servicios públicos o la eficiencia operativa, sino que transforman el propio modelo de contratación pública”.
Impacto de la IA en las administraciones
Natalia García, directora de Sector Público en Altia, ha expresado que “gracias a la IA en la contratación pública, las administraciones pasarán de ser reactivas a predictivas. Su personal deberá capacitarse adecuadamente para pasar de revisar formularios a revisar algoritmos y mitigar los riesgos intrínsecos de la misma. La rapidez, eficiencia, agilidad en la toma de decisiones y detección del fraude que la IA permite, beneficia tanto al sector público como al privado”.
Según Pedro Antón, Client Partner de Administraciones Públicas en SEIDOR, “el reto no es incorporar inteligencia artificial a la administración, sino que la administración sea capaz de gobernar la IA que incorpora“.
Javier de la Lama, vicepresidente y responsable de los Mercados de Servicios y Sector Público en Capgemini ha apuntado que “los ecosistemas de datos compartidos se están consolidando como una palanca clave para mejorar la satisfacción de los ciudadanos con los servicios de las administraciones públicas. Según un estudio de Capgemini, 79% de las organizaciones destaca el incremento en los niveles de satisfacción ciudadana como uno de los principales beneficios de este modelo colaborativo. Estos ecosistemas permiten avanzar hacia servicios públicos más personalizados, proactivos y coordinados, situando la experiencia del ciudadano como un factor diferencial. Son, además, una referencia aspiracional para impulsar una colaboración público-privada más ambiciosa, capaz de generar valor sostenible y un impacto positivo y tangible en la sociedad”.
Nueva estrategia digital del ayuntamiento de Madrid
El evento ha contado con la participación de Fernando de Pablo, director de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, quien ha anunciado una nueva estrategia de ‘Madrid, Capital Digital’, con horizonte 2030, “ambiciosa y realista”.
De Pablo ha señalado que la tecnología evoluciona, pero que los principios que rigen a las administraciones públicas se mantienen: “Proporcionar mejores servicios, simples, cómodos, rápidos, proactivos, en el móvil y ahora también con voz con las posibilidades que nos da la IA”.
Asimismo, ha recordado que Madrid y España aparecen en puestos destacados en los rankings internacionales de digitalización, aunque “lo importante es el impacto real en los ciudadanos”, y se ha referido a la necesidad de que la Unión Europa favorezca la innovación, reduzca la fragmentación en las decisiones y servicios “manteniendo un equilibrio” con los valores que la caracterizan.
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