El conflicto en Oriente Medio está provocando una subida vertiginosa de los precios de las materias primas. Según los economistas de Coface, líder en gestión de riesgos comerciales, entre los principales factores están los recientes ataques al complejo gasístico de Ras Laffan, en Catar, que ha provocado la subida del crudo Brent hasta un máximo de 119 dólares a mediados de marzo, un 50 % en un mes. La subida no es uniforme, pero aseguran que está produciendo un efecto dominó en la cadena industrial, cuyo impacto en España es difícil de predecir.
Laurine Pividal, economista de Coface para el sur de Europa, explica a PRNoticias, que las medidas públicas permiten mitigar de inmediato el impacto en los precios de la energía, pero son de carácter temporal. Cabe recordar que España ha respondido con un paquete anticrisis para amortiguar la subida del gas, la electricidad y los carburantes, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario y dotado con más de 5.000 millones de euros.
La cuestión de fondo es si este tipo de respuesta pública basta para contener una sacudida que es, ante todo, externa y geopolítica, o si apenas sirve para ganar margen mientras persisten las tensiones en los mercados energéticos y de materias primas. Esta es la perspectiva de Pividal.
¿Las medidas del Gobierno español están reduciendo realmente el riesgo sistémico o solo están conteniendo temporalmente el deterioro económico?
Las medidas públicas permiten mitigar de inmediato el impacto en los precios de la energía, pero son de carácter temporal. Y es que, el contexto actual está marcado por un shock externo muy intenso: el conflicto en Oriente Medio ha provocado subidas abruptas del petróleo, el gas y otras materias primas, con el gas europeo aumentando un 85% en un mes. Paralelamente, el entorno global está marcado por una elevada incertidumbre geopolítica y financiera. Por lo tanto, aunque las medidas son principalmente un apoyo parcial a corto plazo para los hogares y determinadas industrias, no eliminan las perturbaciones en el mercado mundial de la energía y de determinadas materias primas, sobre todo si el conflicto se prolonga. Y aun así, a pesar de que se confirmara el fin del conflicto, se necesitaría tiempo para que la situación volviera a la normalidad. El tráfico marítimo en la región — y, por consiguiente, los suministros — seguirá viéndose afectado a medio plazo, al igual que la confianza de los consumidores y las empresas seguirá siendo frágil. Además, la absorción del impacto requiere un aumento del gasto público que supondrá una carga para las finanzas públicas, que ya cuentan con un margen presupuestario muy reducido.
¿Existe el riesgo de que estemos ante una “ilusión de solvencia” sostenida por apoyo público?
El encarecimiento energético está generando un efecto dominó en toda la cadena de valor, elevando los precios de insumos clave como petroquímicos, plásticos, fertilizantes o aluminio, lo que implica presión sobre márgenes empresariales. Al mismo tiempo, el entorno macroeconómico global muestra señales de desaceleración y un aumento de las tensiones financieras y de deuda. Si este contexto persiste, a las empresas les resultará cada vez más difícil hacer frente a la frágil demanda y al aumento de los costes de los insumos y la financiación, lo que podría provocar un repunte de las insolvencias, sobre todo cuando finalicen las medidas de apoyo.
¿Cómo valora el impacto del encarecimiento energético sobre la estabilidad social y, en consecuencia, sobre el entorno de riesgo para las empresas en España?
El aumento de los precios energéticos no es aislado, sino que se está trasladando en la economía a lo largo de todas las cadenas de producción, lo que tiene consecuencias directas tanto para las empresas como para los consumidores. Cuando el aumento de la inflación se intensifica y se prolonga en el tiempo, los ingresos reales de los consumidores se ven aún más afectados y su poder adquisitivo disminuye. Esto se traduce en una caída de la demanda y, por tanto, en un entorno más incierto para las empresas, que ya se enfrentan a márgenes reducidos. Con el tiempo, si los costes energéticos siguen siendo elevados, la caída de la demanda podría acabar provocando pérdidas de empleo y, en consecuencia, afectar aún más al equilibrio social. Además, los hogares con bajos ingresos se ven todavía más afectados, debido a que dedican una parte relativamente mayor de su presupuesto a bienes de primera necesidad (alimentación, energía…) y a que su demanda de consumo es menos elástica.
Desde el análisis de riesgos, ¿la intervención pública en el mercado energético mejora la resiliencia económica o introduce distorsiones que podrían aumentar la incertidumbre para los inversores?
Aunque, a corto plazo, la intervención mitiga un deterioro abrupto del tejido productivo y de la demanda al atenuar la transmisión del impacto energético; las perspectivas a medio plazo siguen viéndose afectadas. La confianza de las empresas y los hogares se ve mermada por la falta de visibilidad en cuanto a la evolución de los precios, la demanda y los costes de financiación, lo que afecta directamente a su propensión al consumo y a la inversión. Además, la intervención del gobierno y el contexto de desaceleración económica añaden incertidumbre en cuanto a su capacidad para sanear las finanzas públicas, lo que podría repercutir en las futuras políticas presupuestarias.
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