La reciente aprobación de la nueva Ley de Economía Social supone un impulso clave para el desarrollo de cooperativas, mutualidades, fundaciones y empresas de inserción en España. Esta normativa actualiza y moderniza el marco jurídico de la economía social, reforzando especialmente el papel de estas entidades y promoviendo modelos más innovadores y sostenibles. Pero, ¿cuáles son las oportunidades y retos que esta nueva normativa plantea para el sector?
Aprobada en 2011, estableció entonces un marco jurídico para estas entidades, definiéndolas por su prioridad en las personas y el interés social frente al lucro. En 2026, este marco ha sido reforzado, para adaptarla a los nuevos desafíos, potenciando el papel de estas entidades en ámbitos como la inclusión laboral, la innovación y la contratación pública, y consolidando su relevancia dentro del modelo económico español.
Ahora, la Ley de Economía Social pone el foco en la inclusión laboral y en el fortalecimiento de entidades como los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), ampliando sus oportunidades dentro del mercado y aumentando su peso en la contratación pública. Javier Martínez, socio director de LEIALTA, explica que ahora está más claro qué entidades forman parte de este ámbito. Su empresa ha impulsado casi medio centenar de centros especiales de empleo en España, y ha generado más de tres mil empleos para personas con discapacidad, su experiencia lo sitúa como una voz calificada para abordar el tema de una manera práctica, y así lo hace para los lectores de PRNoticias.
¿Cuáles son los principales cambios que introduce la nueva Ley de Economía Social respecto al marco anterior?
El nuevo marco actualiza y ordena el ecosistema de la economía social en España: aclara qué entidades forman parte de este ámbito, incorpora nuevas figuras y, en general, pretende adaptar la regulación a realidad económica y empresarial actual. Desde la perspectiva de los Centros Especiales de Empleo, una de las novedades más relevantes es que la norma refuerza expresamente la posición de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) dentro del perímetro de la economía social. Pues, reconoce a estas entidades como prestadoras de servicios de interés económico general, lo que refuerza su encaje en políticas públicas y su papel dentro del modelo económico.
¿Qué consecuencias tiene?
Esto tiene una consecuencia clara: el modelo evoluciona hacia estructuras con mayor componente social, lo que impacta directamente en cómo deben posicionarse los CEE tradicionales.
¿Qué impacto puede tener esta normativa en el desarrollo de cooperativas y entidades de economía social en España?
La ley reconoce mejor a estas entidades y les otorga un entorno más estable para crecer. En el caso de las cooperativas, actualiza cuestiones internas de funcionamiento, digitalización e igualdad. Y, en el conjunto del sector, refuerza la Estrategia Española de Economía Social y actualiza las herramientas públicas de impulso, alineándose además con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social hasta 2030.
En la práctica, ¿qué efectos puede tener?
Podríamos analizar tres efectos prácticos. En primer lugar, más seguridad jurídica para quienes ya operan en economía social. En segundo lugar, más atractivo para organizaciones que estaban valorando evolucionar hacia modelos con mayor impacto social. Y en tercero, una mayor capacidad para acceder a medidas de fomento, contratación pública y reconocimiento institucional. No obstante, también va a generar que muchas organizaciones tengan que replantearse su modelo. Veremos nuevas entidades, pero también procesos de transformación. De hecho, en LEIALTA por ejemplo ya llevamos tiempo trabajando con CEE tradicionales que quieren evolucionar a CEEIS. Esta ley seguramente acelerará esta tendencia.
¿Qué nuevas oportunidades abre esta ley para los Centros Especiales de Empleo, especialmente los de iniciativa social?
La ley reconoce que no todos los Centros Especiales de Empleo responden al mismo propósito, ni generan el mismo retorno social. Dado que, por su propia naturaleza, los CEEIS están especialmente orientados a la inclusión y reinvierten sus resultados en fines sociales, el nuevo marco impulsa claramente su modelo. Como comentábamos, por un lado, se refuerza su acceso a contratación pública, con porcentajes mínimos de reserva. Por otro lado, se les otorga mayor reconocimiento institucional. Al considerarles prestadores de Servicios de Interés Económico General, se les posiciona como una figura clave dentro de la economía social, con una base jurídica más robusta para articular políticas públicas de apoyo y compensación compatibles con el marco europeo.
¿Y esto cómo se traduce en la práctica?
En la práctica, este cambio introduce un reto importante para los CEE tradicionales, que van a tener que adaptarse para seguir siendo competitivos. En muchos casos, eso pasará por evolucionar hacia modelos de iniciativa social o reforzar su propuesta de valor. Para una empresa ordinaria, muchas veces el camino natural seguirá siendo crear un CEE. Pero para fundaciones, asociaciones u otras entidades con fin social —e incluso para CEE ya existentes que quieran evolucionar— el paso hacia CEEIS va a cobrar más sentido que nunca.
La ley pone el foco en la inclusión laboral. ¿Cree que las medidas contempladas serán suficientes para mejorar el acceso al empleo de las personas con discapacidad?
La ley crea el marco, pero el impacto real depende de cómo se ejecuten los proyectos. El avance normativo ayuda porque da más reconocimiento a las fórmulas empresariales de inclusión, mejora su encaje institucional y fortalece instrumentos como la contratación reservada. Pero después hace falta algo igual de importante: gestión profesional, acompañamiento a las personas trabajadoras y una apuesta real por parte del tejido empresarial. En LEIALTA sabemos que los CEE y CEEIS bien diseñados pueden ser una herramienta muy potente para la inclusión. Al final, su contratación es además una de las medidas alternativas con las que pueden contar las empresas para cumplir con Ley General de Discapacidad (LGD), siempre y cuando tengan un certificado de excepcionalidad que acredite que, por su propia naturaleza, cumplir dicha ley por sí misma les resulta complicado. En cualquier caso, desde LEIALTA calculamos que más de un 75% de las empresas en España siguen sin cumplir con la LGD, por lo que, sin duda, queda mucho por hacer.
¿Cuáles son, a día de hoy, los principales retos a los que se enfrenta el sector de la economía social en España?
El primer reto es el de ser capaces de convertir el reconocimiento político y normativo en capacidad real de crecimiento para estas empresas. La economía social ya tiene peso económico, empleo y arraigo territorial, pero necesita estructuras más sólidas, modelos bien diseñados y gestión empresarial rigurosa. En segundo lugar, mejorar la profesionalización del sector es otro gran reto. En el ámbito de los CEE y los CEEIS, además de contar con las características propias de estos centros, hace falta operar con ciertos criterios y cumplir las crecientes exigencias legales. Todo ello, desde la complejidad propia de este tipo de empresas, que mezclan impacto social, actividad mercantil y obligaciones laborales específicas. Y, por último, lo más importante, seguir trabajando a favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad y/o en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de construir una sociedad más justa y equitativa.
¿Qué falta por hacer?
Sin duda, aun hay mucho por hacer en general, tanto a nivel social, como empresarial. En este sentido, también es importante dar difusión a la comprensión del modelo. Pues, muchas empresas aún no ven la oportunidad estratégica ligada al impacto social real. Al final, es un impacto positivo desde ambas perspectivas: social y empresarial.
¿Qué recomendaciones daría a organizaciones o empresas que quieran apostar por este modelo tras la aprobación de la ley?
La primera es no empezar por la forma jurídica, sino por la estrategia: qué quieren conseguir y cómo. La segunda, analizar en profundidad y de forma personalizada el punto de partida para elegir bien el modelo. No es lo mismo una empresa ordinaria, un CEE ya existente o una entidad social. Cada caso tiene su recorrido natural y su encaje. Y la tercera, por supuesto, contar con asesoramiento profesional y especializado desde el inicio. Son proyectos complejos y que requieren un conocimiento profundo del sector, pues combinan normativa, impacto social y negocio. En LEIALTA, por ejemplo, somos una consultoría empresarial y social integral, por lo que acompañamos en todo el proceso, desde la idea hasta la acreditación y la gestión posterior, porque ahí es donde realmente se marca la diferencia. Sin duda, además, el valor está cada vez más en saber evolucionar, no solo en saber empezar.
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