El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves, con 164 votos a favor, la reforma del copago farmacéutico impulsada por el Ministerio de Sanidad, que entró en vigor el pasado 14 de mayo tras su publicación en el BOE. La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió durante el debate que el nuevo modelo busca “hacer el sistema más progresivo y más justo”, poniendo especial énfasis en la protección de los pacientes crónicos y de las rentas medias y bajas.
La aprobación del Real Decreto-ley ha sido posible gracias a la abstención de varias formaciones, en una votación que se saldó con 164 votos a favor, 33 en contra y 149 abstenciones. El Ejecutivo sostiene que la reforma corrige desigualdades del sistema anterior, especialmente en el caso de la población activa con tratamientos prolongados, que hasta ahora carecía de límites mensuales de aportación, a diferencia de los pensionistas.
La principal novedad es la ampliación de los tramos de copago, que pasan de tres a seis para la población activa. Así, las rentas inferiores a 9.000 euros mantendrán un copago del 40% con un tope de 8,23 euros mensuales, mientras que entre 9.000 y 17.999 euros el límite sube a 18,52 euros. Para ingresos de hasta 34.999 euros, la aportación será del 45% con un máximo de 61,75 euros, mientras que a partir de los 35.000 euros desaparecen los topes y aumentan progresivamente los porcentajes hasta el 60%.
Foco en la equidad y los pacientes crónicos
La ministra subrayó que uno de los objetivos centrales de la reforma es mejorar la equidad del sistema sanitario y evitar que los ciudadanos tengan que elegir entre gastos esenciales. Según explicó, los nuevos límites permitirán a algunos pacientes crónicos con bajos ingresos ahorrar hasta 500 euros anuales, lo que contribuirá a mejorar la adherencia a los tratamientos y reducir complicaciones de salud a medio plazo.
Además, el nuevo modelo mantiene la protección de los colectivos más vulnerables, garantizando la exención farmacéutica para quienes perciben complementos a mínimos. Sanidad defiende que la medida también tendrá un impacto positivo en el sistema sanitario al reducir abandonos terapéuticos, reingresos hospitalarios y costes asociados, configurando un escenario “beneficioso tanto para pacientes como para el sistema”.
Sin embargo, la reforma ha generado críticas entre la oposición y parte del sector farmacéutico. El Partido Popular la ha calificado de “chapuza”, cuestionando su aplicación inmediata y denunciando falta de coordinación con las comunidades autónomas, que deberán asumir parte del coste. Desde Vox también han rechazado el uso del decreto-ley, mientras que otros grupos han advertido de dificultades técnicas y administrativas. Pese a ello, formaciones como el PNV han respaldado la medida, considerándola una inversión preventiva que podría aliviar la presión futura sobre el sistema sanitario.
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