Cuando se habla de influencia, lobby o relaciones con los poderes públicos, parte de la opinión pública lo asocia a escándalos políticos, tráfico de influencias o intereses ocultos. Y no es de extrañar, con la que está cayendo en España, por no hablar del ‘caso Zapatero‘. Pero detrás de muchas de las decisiones que afectan a la vivienda, la energía, la inteligencia artificial, la sanidad o la fiscalidad existe también una actividad profesional legítima, ejercida por profesionales de los Asuntos Públicos.
Empresas, asociaciones, sindicatos, ONG y organizaciones de todo tipo mantienen un diálogo constante con las administraciones para trasladar información, aportar conocimiento técnico y participar en los procesos de elaboración de políticas públicas. Y es necesario, precisamente, diferenciar esta actividad de las prácticas ilícitas que periódicamente ocupan titulares.
En España, los profesionales de los Asuntos Públicos llevan años reclamando una regulación específica del lobby que aporte transparencia, seguridad jurídica y confianza institucional. Sin ir muy lejos, el mismo ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, dijo que era “urgente”. Lo hizo el pasado 12 de mayo en la presentación de la Radiografía de los asuntos públicos y el lobby en España 2025, que hicieron la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales APRI y el Observatorio de Asuntos Públicos de la Universidad de Navarra en la sede de la Dirección General de la ONCE en Madrid.
En ese acto, dieron a conocer aspectos indispensables para conocer más y mejor esta práctica, que gana relevancia en España. Es el caso de las funciones de los lobistas, ¿qué hacen exactamente? La encuesta, aplicada a 331 profesionales del sector entre septiembre y octubre de 2025, identifica siete funciones clave de los Asuntos Públicos que van mucho más allá de la simple interlocución política y que explican cómo se construye, de forma legítima y profesional, la relación entre las organizaciones y los responsables públicos. Hoy las traemos a este debate.
Contacto directo con representantes públicos
Lejos de la imagen estereotipada del lobby, la principal función de los profesionales de Asuntos Públicos en España sigue siendo el contacto directo con representantes públicos. Así lo refleja la Radiografía de la Profesión 2025, donde el 21,6% de los encuestados identifica esta actividad como una de las más habituales en su trabajo diario.
Su objetivo no es otro que mantener canales de interlocución con administraciones, parlamentos, reguladores y responsables políticos para trasladar información, explicar el impacto de determinadas decisiones sobre sectores concretos y aportar conocimiento técnico que contribuya a mejorar los procesos de toma de decisiones públicas. En las democracias más avanzadas, esta interlocución forma parte habitual de la relación entre instituciones y sociedad civil organizada.
Asesoramiento estratégico e influencia en la agenda pública
La segunda función más practicada por los profesionales de Asuntos Públicos en España es el asesoramiento estratégico y la influencia en la agenda pública. Según el estudio de APRI y la Universidad de Navarra, el 20,2% de los profesionales encuestados identifica esta actividad como una de las principales de su trabajo.
Esta función consiste en ayudar a empresas, asociaciones u organizaciones a comprender qué temas están entrando en el debate público, cómo pueden afectarles y de qué manera deben posicionarse ante administraciones, reguladores, partidos políticos, medios y otros actores sociales. Bien ejercida, no se trata de manipular la agenda, sino de aportar información, argumentos y propuestas para que determinados problemas o soluciones sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones.
Monitorización política, legislativa y normativa
La tercera gran función de los profesionales de Asuntos Públicos es la monitorización política, legislativa y normativa, una actividad que realiza el 16% de los encuestados en la Radiografía de la Profesión en España 2025. Su labor consiste en seguir de forma permanente la actividad de gobiernos, parlamentos, reguladores y organismos europeos para identificar cambios normativos que puedan afectar a una organización, un sector o incluso a los ciudadanos.
La creciente regulación en ámbitos como la vivienda, la energía, la sostenibilidad o la inteligencia artificial, hace que esta función se convierta en una herramienta esencial para anticipar riesgos, detectar oportunidades y evitar que empresas e instituciones reaccionen cuando las decisiones ya están tomadas.
Elaboración y/o desarrollo de planes de incidencia
La elaboración y desarrollo de planes de incidencia ocupa la cuarta posición entre las funciones más habituales de los profesionales de Asuntos Públicos en España. Según el citado estudio, el 15,3% de los encuestados participa en este tipo de actividades. Se trata de diseñar estrategias para que una organización pueda trasladar sus propuestas, preocupaciones o recomendaciones a los responsables públicos de manera ordenada, transparente y eficaz.
Esto implica identificar a los actores clave, establecer prioridades, definir mensajes y planificar acciones que permitan participar en los debates regulatorios antes de que las decisiones estén cerradas. En la práctica, es una función que busca que empresas, asociaciones y organizaciones tengan voz en aquellos procesos legislativos y normativos que pueden afectar a su actividad o a los colectivos que representan.
Trabajo con otros grupos o coaliciones interesadas en los mismos asuntos
El trabajo con otros grupos o coaliciones que comparten intereses comunes representa la quinta función más habitual entre los profesionales de Asuntos Públicos en España. Según la Radiografía de la Profesión en España 2025, el 9,8% de los encuestados desarrolla esta actividad.
Esta función consiste en colaborar con otras empresas, asociaciones, organizaciones sectoriales o entidades de la sociedad civil para defender posiciones compartidas ante las administraciones públicas. La creación de alianzas permite sumar conocimiento, recursos y capacidad de interlocución en asuntos que afectan a múltiples actores, especialmente en debates regulatorios complejos donde el consenso sectorial puede aportar una visión más amplia a los responsables públicos.
Asesoramiento en la redacción de leyes, enmiendas o proclamas públicas
Aunque suele ser una de las facetas menos conocidas de la profesión, el asesoramiento en la redacción de leyes, enmiendas o proclamas públicas forma parte del trabajo de los profesionales de Asuntos Públicos en España. Los datos del estudio de APRI y la Universidad de Navarra, señalan que esta función es desempeñada por el 8% de los encuestados.
Este papel consiste en aportar conocimiento técnico, experiencia sectorial o información especializada que pueda resultar útil durante la elaboración de propuestas normativas o textos públicos. Se trata de una colaboración que puede producirse a través de consultas, reuniones o aportaciones documentales, y que forma parte de los mecanismos de participación existentes en los procesos de elaboración de políticas públicas.
Coordinación y comunicación interna sobre la relevancia de los asuntos públicos con la dirección
No toda la actividad de los Asuntos Públicos se desarrolla fuera de la organización. Según la Radiografía de la Profesión en España 2025, el 7,5% de los profesionales encuestados señala como una de sus principales funciones la coordinación y comunicación interna sobre la relevancia de los asuntos públicos con la dirección su empresas u organización.
Esta labor consiste en trasladar a los órganos de decisión información sobre cambios políticos, regulatorios o institucionales que puedan afectar a la actividad de la entidad, facilitando que la dirección incorpore estos factores en la toma de decisiones. Esta función contribuye a conectar la estrategia corporativa con el contexto institucional en el que opera la organización.
Seguiremos Informando…
