La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado sus aportaciones al proyecto de ley que regulará las profesiones de los servicios sociales, en las que reclama que la futura norma estatal incorpore un enfoque basado en los derechos humanos, la autonomía personal y la vida independiente. La organización considera que esta regulación debe garantizar una atención de calidad, con criterios comunes en todo el territorio.
COCEMFE sostiene que la ley representa una oportunidad para modernizar el sistema de servicios sociales y corregir las desigualdades existentes entre comunidades autónomas. A su juicio, la falta de un marco común sobre funciones y competencias profesionales genera diferencias significativas tanto en el acceso a los apoyos como en la calidad de la atención que reciben las personas.
En este sentido, la entidad defiende que la norma debe alinearse con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y superar planteamientos asistencialistas. El objetivo, señala, es situar a la persona en el centro del sistema y garantizar su participación en la comunidad en condiciones de igualdad.
Reconocimiento del tercer sector
Entre sus propuestas, COCEMFE plantea la creación de un catálogo básico y flexible de profesiones que incluya perfiles especializados en ámbitos como la accesibilidad universal, la asistencia personal, el apoyo a la vida independiente o la defensa de derechos. Asimismo, subraya la necesidad de incorporar nuevas figuras profesionales adaptadas a las demandas sociales emergentes.
La Confederación también reclama que la ley reconozca expresamente el papel del tercer sector de acción social y del movimiento asociativo de la discapacidad como agentes clave del sistema. Según indica, estas entidades desempeñan una función esencial en la detección de necesidades, la prestación de apoyos y la innovación social, además de contribuir a la defensa de derechos y a la participación comunitaria.
Por último, COCEMFE propone reforzar la formación continua de los profesionales y establecer mecanismos estables de coordinación entre administraciones, organizaciones profesionales y entidades sociales. A su entender, una regulación adecuada permitirá mejorar la calidad de los servicios, garantizar la continuidad de la atención y avanzar hacia un modelo más inclusivo, centrado en la persona y orientado a quienes tienen mayores necesidades de apoyo.
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