La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha celebrado su mayoría de edad en un momento de expansión de los asuntos públicos en España. La organización, que reúne a más de 300 profesionales y una treintena de organizaciones, reivindica el papel que ha desempeñado para profesionalizar la actividad mientras la regulación del lobby continúa pendiente.
Durante los últimos dieciocho años en España, la interlocución entre empresas, asociaciones y administraciones ha dejado de ser una actividad reservada a unos pocos sectores para convertirse en una función cada vez más presente dentro de las grandes compañías, consultoras y organizaciones empresariales. La evolución del mercado ha ido acompañada de una mayor demanda de especialistas capaces de interpretar el proceso legislativo y anticipar el impacto de las decisiones públicas.
En ese recorrido, APRI ha desempeñado un papel relevante como representante del sector. La asociación recuerda que uno de sus principales objetivos ha sido impulsar una regulación que aporte transparencia y seguridad jurídica a las relaciones entre el ámbito público y el privado. Aunque distintas iniciativas parlamentarias han planteado la creación de un registro estatal de grupos de interés, España sigue sin contar con una norma específica que regule de forma homogénea esta actividad.
La asociación nació hace dieciocho años impulsada por un grupo de profesionales que apostó por dotar de identidad propia a una disciplina prácticamente desconocida en aquel momento. Entre sus fundadores figuran María Rosa Rotondo, Javier Valiente, Esteban Egea y Montse Escudero.
En la actualidad está presidida por Carlos Parry, que el día de la celebración ha dicho: “El lobby no lo inventamos en APRI, pero estoy convencido de que nuestro código de autorregulación y el trabajo en pro de una regulación de la actividad en España han contribuido de forma destacada a que hoy nuestra profesión sea reconocida y nuestra aportación sea cada vez más demandada en empresas y organizaciones”.
La celebración llega en un momento de fuerte crecimiento para el mercado de los asuntos públicos. Grandes consultoras internacionales han reforzado su presencia en España, las compañías del IBEX han ampliado sus equipos de relaciones institucionales y cada vez más decisiones empresariales incorporan el análisis regulatorio como parte del proceso estratégico. Esta evolución también ha elevado el peso de la interlocución institucional dentro de los departamentos de Asuntos Corporativos.
El siguiente reto del sector continúa siendo la aprobación de una regulación estatal sobre la representación de intereses. Una norma de estas características situaría a España en línea con otros países europeos donde el lobby dispone de registros públicos, obligaciones de transparencia y reglas comunes para la relación entre responsables públicos y representantes de intereses.
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