La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha manifestado su profunda preocupación tras la decisión adoptada el pasado 15 de julio por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de excluir de la financiación pública los fármacos lecanemab y donanemab para el tratamiento del Alzheimer en fases iniciales. Esta medida restringe su uso al ámbito privado, lo que, según la organización, supone un importante retroceso en el acceso a terapias innovadoras.
Ambos medicamentos cuentan con la aprobación para su comercialización en la Unión Europea tras haber superado la evaluación de eficacia y seguridad por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Además, diversas agencias regulatorias internacionales respaldan su uso, y en países como Estados Unidos llevan disponibles cerca de tres años, con resultados positivos en términos de seguridad y satisfacción en la práctica clínica.
Desde la SEN subrayan que esta resolución no solo tiene consecuencias clínicas, al impedir el acceso a tratamientos que podrían ralentizar la progresión de la enfermedad, sino también implicaciones éticas y sociales. La limitación al ámbito privado introduce una barrera económica que rompe el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud, generando desigualdades entre pacientes según su capacidad económica y situando a los profesionales sanitarios ante dilemas en la recomendación de estas terapias.
Impacto en el sistema sanitario y la innovación
El Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN ya había publicado recientemente un documento de consenso con recomendaciones para el uso adecuado de estos fármacos en España. Según la sociedad científica, su incorporación ordenada permitiría mejorar los circuitos diagnósticos y fortalecer redes asistenciales especializadas, beneficiando no solo a los pacientes tratados, sino al conjunto de personas con deterioro cognitivo. La exclusión, advierten, frena la modernización del sistema público y dificulta tanto la formación de profesionales como el avance de la investigación.
Ante esta situación, la SEN ha solicitado a las autoridades sanitarias que reconsideren la decisión y ha ofrecido su colaboración para diseñar modelos asistenciales seguros y sostenibles. La organización recuerda que el Alzheimer es un desafío sanitario y social de gran magnitud en España, cuya respuesta requiere decisiones basadas en la evidencia científica y en el principio de equidad.
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