Durante años, la política valenciana ha estado marcada por una tensión permanente en la que Compromís ha participado activamente. Basta recordar la dureza de las campañas contra dirigentes del Partido Popular o la intensidad con la que determinados calificativos han ocupado el debate público valenciano. Quien ha convertido la descalificación en herramienta política, difícilmente puede presentarse ahora como árbitro del buen gusto institucional.
La política no consiste en repartir certificados de educación según quién pronuncie el insulto. Consiste en mantener el mismo criterio para todos. Y ahí es donde el discurso de Alberto Ibáñez empieza a hacer aguas.
El diputado de Compromís, nacido en Vila-real en 1991 y actualmente portavoz de su formación en el Congreso dentro del grupo Sumar, ha construido buena parte de su perfil político desde la confrontación parlamentaria y mediática. En los últimos días incluso protagonizó una polémica interna tras sus críticas al futbolista Ferran Torres por inversiones inmobiliarias -¡menuda cagada !campeón¡-, una intervención que generó debate incluso dentro del espacio político próximo a Compromís.
Pero la memoria selectiva no se detiene ahí. Mientras se indigna por un comentario irónico, conviene recordar cómo se ha tratado —y se sigue tratando— a Carlos Mazón y a su entorno. Tras la tragedia de la Dana de octubre de 2024, que dejó más de 230 muertos, el ex presidente de la Generalitat fue y ha sido objeto de una campaña de acoso personal sin precedentes: gritos de “asesino”, “cobarde”, “rata” y “traidor” en funerales de Estado, en visitas a las zonas afectadas y en manifestaciones. Se le ha perseguido judicialmente con querellas de asociaciones de víctimas, se ha exigido su dimisión de forma permanente y se ha convertido su vida privada (incluida aquella comida con la periodista Maribel Vilaplana) en arma política de destrucción. No se ha tratado sólo de crítica política legítima; se ha buscado el linchamiento moral y personal, extendiendo la presión hasta el límite de lo que una democracia debería tolerar.
Ese mismo espacio político que ahora se escandaliza por la crispación fue parte del gobierno del Botànic que, tras ocho años, perdió las elecciones de 2023 frente al Partido Popular. No lo “terminaron” por la fuerza, sino por las urnas. Sin embargo, desde entonces la estrategia ha sido otra: no aceptar el resultado democrático y convertir cada crisis —especialmente la Dana— en una operación de desgaste permanente contra el nuevo gobierno y contra cualquiera que lleve la etiqueta del PP.
La persecución mediática y judicial se ha centrado casi en exclusiva en un lado, mientras se exige ejemplaridad solo al adversario.
Y aquí llega el espejo que algunos prefieren no mirar. Mientras se levanta el dedo acusador contra Mazón y los populares, se practican amnesias selectivas con los escándalos del PSOE y de su etapa de gobierno. El caso más claro y cercano es el de Francis Puig, hermano del expresidente Ximo Puig. La Audiencia de Valencia ha confirmado su procesamiento por presuntos delitos de estafa agravada y falsedad documental. Se le acusa de haber cobrado de forma irregular subvenciones de la Generalitat valenciana y de la catalana (entre 2015 y 2018) destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación, a través de empresas que administraba. La Fiscalía ha pedido penas de hasta cuatro años y diez meses de prisión. El origen de la causa fue una querella del PP en 2019. El caso sigue su curso judicial, con fianzas impuestas y apertura de juicio oral. No es un asunto menor ni antiguo: ocurrió mientras su hermano presidía el Consell.
Hay más episodios de la etapa Botànic y del entorno socialista valenciano que raramente ocupan el mismo espacio de indignación permanente: irregularidades en contratos, fundaciones, sociedades públicas y adjudicaciones que han llegado a la Fiscalía o a los tribunales. Pero esos asuntos parecen evaporarse, cuando el relato necesita presentar a Compromís y a sus socios como los únicos guardianes de la pureza democrática.
La discrepancia política forma parte de cualquier democracia madura. Lo que resulta menos convincente es indignarse por un comentario irónico mientras se normaliza un clima político donde las descalificaciones personales, el acoso y la persecución selectiva han sido moneda corriente durante años. Especialmente cuando esa misma izquierda que hoy se presenta como víctima ha participado activamente en la construcción de ese clima.
La política valenciana necesita menos superioridad moral y más coherencia. Criticar los excesos del adversario exige revisar primero los propios. Porque la ejemplaridad no consiste en señalar el dedo ajeno. Consiste en mirar también la propia mano… y los escándalos que se han preferido olvidar.
pedro de aparicio y pérez de Lucentis…
