…Escondido tras el humo de los incendios y la toma de la ciudad autónoma de Ceuta por las tropas de desarrapados de Mohamed VI, ha pasado apenas percibido el indulto que el Consejo de Ministros ha concedido a tres condenados por delitos de corrupción. Entre los favorecidos, la líder independentista Laura Borràs, quien no pudo acogerse a la Ley de Amnistía, porque el Ejecutivo entendió que su condena era exclusivamente por corrupción. Agraciados también, han sido el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández, condenado por malversación, y un artista y gestor cultural apellidado Grueso, condenado por falsedad documental y delito societario…
No deja de resultar enternecedor comprobar cómo los principios políticos tienen una elasticidad admirable cuando el poder aprieta. En la última década, el PSOE registró en el Congreso varias iniciativas para reformar la Ley del Indulto, con el objetivo de impedir que los condenados por corrupción o violencia de género, pudieran beneficiarse de esta medida de gracia. Todas fueron rechazadas por el Partido Popular. Entonces los socialistas defendían que aquello respondía a una exigencia ética y al clamor de una ciudadanía harta de contemplar cómo determinados delitos parecían disfrutar de una puerta de salida privilegiada.
La hemeroteca, esa señora implacable que nunca olvida, conserva innumerables declaraciones de dirigentes socialistas reclamando precisamente lo que hoy han decidido no practicar. Entre todas destaca la pronunciada por Pedro Sánchez apenas dos meses después de convertirse en secretario general del PSOE. En una entrevista concedida a Telecinco aseguró que «no tiene sentido ninguno que un político indulte a otro político. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso». Palabras contundentes que, vistas hoy, parecen pertenecer a otra persona, a otro partido o quizá a otra galaxia.
Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña, fue condenada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por las irregularidades cometidas cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, al adjudicar contratos de manera fraudulenta a su amigo Isaías Herrero. Precisamente por tratarse de un delito de corrupción quedó fuera del paraguas de la amnistía. Lo que no pudo resolver una ley excepcional lo ha solucionado finalmente un indulto cuidadosamente dosificado.
El remate con media verónica al toro de la corrupción, lo realizó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al justificar la medida dentro del mismo marco político que los indultos del procés y la Ley de Amnistía, afirmando que todas estas decisiones «han sido útiles para normalizar la situación política en Cataluña». Debe de ser una nueva teoría de la física institucional: la corrupción deja de ser corrupción cuando contribuye a la estabilidad parlamentaria. Al final, el problema nunca fue el delito, sino la aritmética. Y, como tantas veces ocurre en política, los principios no desaparecen: simplemente se adaptan a las necesidades del Gobierno de turno con la ausencia de vergüenza torera de un pegapases en una plaza de talanqueras.
José Antonio RULFO
