La violencia contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no solo deja consecuencias físicas y psicológicas sobre los agentes, sino que también supone una importante carga para las cuentas públicas. Según el estudio “El coste de la violencia contra los agentes de Policía y Guardia Civil en España”, elaborado por la Universidad Nebrija, las agresiones registradas en 2021 generaron un coste directo estimado de 417.154.281 euros para el Estado español.
Aunque el estudio toma como referencia datos de 2021, sus conclusiones ya apuntaban a la dimensión de un problema que en los últimos años se ha consolidado como una preocupación institucional en Europa. En mayo de 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo realizó una misión a Algeciras y Barbate para analizar, entre otras cuestiones, los riesgos a los que se enfrentan los agentes y la creciente violencia contra las fuerzas policiales, así como sus consecuencias más amplias para la seguridad pública y el entorno económico.
Esta preocupación ha seguido ganando relevancia en el debate europeo. En marzo de 2026, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó un informe específico sobre la profesión policial como actividad de alto riesgo, en el que señala que los agentes están expuestos a amenazas y agresiones físicas y verbales capaces de provocar daños tanto físicos como emocionales. Estos desarrollos refuerzan la vigencia de una de las cuestiones que plantea el estudio de la Universidad Nebrija: que la violencia contra los agentes trasciende el ámbito estrictamente policial y genera consecuencias para las instituciones y para el conjunto de la sociedad.
Un problema que trasciende el ámbito de la seguridad
El estudio parte de una premisa sencilla: cada agresión a un agente desencadena una cadena de actuaciones que moviliza recursos sanitarios, policiales y judiciales durante semanas, meses o incluso años. Esa respuesta institucional tiene un coste que hasta ahora no había sido cuantificado de forma específica en España. Para ello, los investigadores analizaron datos procedentes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo, el Consejo General del Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y otras fuentes oficiales, combinándolos mediante un modelo de estimación económica. El objetivo no era únicamente calcular una cifra, sino abrir un debate sobre el impacto que la violencia contra los agentes tiene sobre el conjunto de la sociedad y sobre la gestión de los recursos públicos.
Las investigaciones policiales concentran el mayor coste económico
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que demuestra que el mayor impacto económico no procede de la atención sanitaria a los agentes lesionados, sino de todo el proceso administrativo y policial que se pone en marcha tras cada agresión.
Según las estimaciones de los investigadores, las investigaciones policiales sobre agresiones a agentes suponen aproximadamente 348 millones de euros, al considerar los recursos necesarios para esclarecer cada uno de los casos, identificar a los responsables y desarrollar las correspondientes diligencias policiales. A esta cifra se suman 41,1 millones de euros asociados al funcionamiento de la Administración de Justicia, incluyendo tanto el coste de los procedimientos judiciales como las costas derivadas de los procesos.
Por su parte, las consecuencias físicas de las agresiones generan un impacto económico de más de 28 millones de euros, una cifra que abarca la asistencia médica a los agentes heridos, los costes derivados de las bajas por enfermedad y las indemnizaciones asociadas a las lesiones permanentes. El estudio estima que las bajas por enfermedad derivadas de estas agresiones duraron una media de 36,6 días, mientras que una parte de los agentes afectados sufrió secuelas permanentes que supusieron costes adicionales para la Administración. Sin embargo, más allá del coste económico, estas agresiones también tienen un profundo impacto emocional y psicológico en los agentes y sus familias.
Una estimación conservadora
Los propios autores reconocen que los 417 millones de euros representan únicamente una parte del impacto económico real de la violencia contra los agentes. La investigación señala que la falta de información pública desagregada impide incorporar numerosos costes indirectos que también recaen sobre las administraciones.
Entre ellos se encuentran los daños ocasionados sobre bienes públicos y privados, la pérdida temporal de efectivos disponibles debido a las bajas laborales, el incremento de la carga de trabajo del resto de agentes, los costes penitenciarios asociados a las condenas y otras consecuencias sociales y económicas derivadas de estos episodios.
La prevención también reduce costes
A la luz de estos resultados, el estudio invita a ampliar el debate sobre las políticas de seguridad incorporando una dimensión económica. Si bien el principal objetivo de cualquier medida de prevención es proteger la integridad de los agentes y de la ciudadanía, reducir el número y la gravedad de los enfrentamientos también puede traducirse en un menor gasto sanitario, judicial y policial.
En este contexto, Axon considera que invertir en tecnologías de seguridad pública diseñadas para prevenir incidentes, favorecer la desescalada y mejorar la gestión de las intervenciones puede contribuir a reducir tanto la frecuencia como la gravedad de los incidentes. Esto no solo supondrá un beneficio económico para las arcas públicas, sino que también creará un entorno más seguro para los agentes de seguridad pública.
Hacia una seguridad pública basada en la evidencia
El estudio de la Universidad Nebrija abre una nueva línea de investigación en España al incorporar el análisis económico al debate sobre la seguridad pública. Para Axon, conocer el coste real que generan los incidentes violentos constituye una herramienta clave para que administraciones y responsables públicos puedan evaluar con mayor precisión el impacto de sus políticas y orientar las inversiones hacia soluciones que permitan proteger mejor a los agentes, aumentar la seguridad de la ciudadanía y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.
