Morant cuestionó que los ciudadanos llamados a formar parte del jurado puedan acudir al juicio sin prejuicios, después de que la causa haya ocupado durante dos años un espacio destacado en televisiones y en el Parlamento. La ministra también puso en duda las motivaciones del juez Juan Carlos Peinado, al sostener que el procedimiento responde a una finalidad política, una interpretación que atribuye al magistrado y que este no ha compartido.
Más allá de la controversia política, existe una cuestión institucional. El Tribunal del Jurado no es una herramienta creada para este caso ni una excepción reciente. Su regulación procede de la Ley Orgánica 5/1995, aprobada durante el Gobierno socialista de Felipe González, cuando Juan Alberto Belloch era ministro de Justicia. La norma desarrolló el artículo 125 de la Constitución, que reconoce la participación ciudadana en la Administración de Justicia. El texto establece que los jurados deben actuar con independencia, responsabilidad y sometimiento a la ley.
Precisamente por eso resulta pertinente preguntarse si la mediatización de un procedimiento puede comprometer las condiciones de imparcialidad que exige la institución. La cuestión no es exclusiva de España: cualquier sistema que incorpore ciudadanos legos a la función judicial debe afrontar el problema de los prejuicios, la información previa y la presión social.
Pero existe otra pregunta legítima: ¿por qué se considera adecuado que un ciudadano sin formación jurídica pueda decidir sobre determinados hechos y responsabilidades? El modelo español no equipara al jurado con un juez profesional: los nueve ciudadanos emiten el veredicto sobre los hechos y la culpabilidad, mientras un magistrado preside el tribunal y dirige jurídicamente el procedimiento.
Por tanto, el debate de fondo no debería reducirse a defender o cuestionar a Morant, al juez Peinado o a la persona juzgada. El caso permite revisar cómo funciona el jurado popular, qué garantías existen para preservar su imparcialidad y si treinta años después de su regulación sigue siendo necesario introducir reformas.
¡Hay que joderse!
