Ayer, Madrid asistió a una escena Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada de la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en la que había vivido desde 1956. Tras horas de tensión y protestas, salió en camilla hacia una ambulancia. El episodio ha vuelto a colocar en primer plano las costuras de un mercado inmobiliario incapaz de conciliar propiedad, seguridad jurídica y protección de personas vulnerables.
Pero la raíz jurídica del conflicto no está en una norma reciente. Hay que remontarse a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada durante la última etapa del Gobierno de Felipe González. La norma mantuvo determinados contratos de renta antigua bajo el régimen transitorio de la legislación anterior, pero restringió las posibilidades de subrogación para impedir que estos contratos se prolongaran indefinidamente entre generaciones.
El contrato de la familia de Maricarmen se remonta a 1956. Primero lo ocupó su padre; después, su madre; finalmente, ella. La interpretación judicial del régimen de subrogaciones terminó considerando que la continuidad del contrato había alcanzado su límite. El Tribunal Supremo avaló la posición de la propiedad, y el procedimiento desembocó en el lanzamiento.
Aquí aparece la paradoja. Desde la perspectiva jurídica, los tribunales aplicaron un marco legal vigente y reconocieron los derechos derivados de la propiedad y de la extinción del contrato. Desde la perspectiva social, sin embargo, el resultado afecta a una mujer de 87 años, con discapacidad, cuya vida estaba vinculada a esa vivienda y cuya alternativa habitacional se convirtió en una cuestión.
El caso evidencia los límites de las medidas posteriores de protección. La Ley de Vivienda de 2023 introdujo mecanismos destinados a proteger a personas vulnerables frente a determinados desahucios, pero no puede reconstruir un derecho arrendaticio que la normativa transitoria de 1994 había limitado.
Maricarmen ya no está en aquella casa. Lo ocurrido obliga a preguntarse qué sucede cuando una solución jurídicamente válida produce un resultado socialmente traumático. Entre la defensa de la propiedad, la seguridad jurídica y el derecho a una vivienda adecuada queda un espacio que las leyes deben resolver mejor. Porque cuando el contrato termina, puede terminar una vida ligada a un lugar y a una historia.
El caso de Maricarmen demuestra que las herramientas de contención actuales resultan insuficientes. Cuando las leyes civiles finiquitan los derechos históricos de habitabilidad, el mercado devora el arraigo y la justicia se desentiende de la humanidad.
Con Paco vivíamos mejor.
José Antonio Rulfo
