España acumula un déficit de cientos de miles de viviendas, mientras los precios siguen creciendo por encima de los ingresos de numerosos hogares. El desahucio de Maricarmen Abascal ha reabierto el enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Pero la discusión sobre la vivienda exige mirar más allá de una fotografía, una manifestación y un decreto anunciado de urgencia.
Maricarmen Abascal tiene 87 años. Ha vivido durante siete décadas en una vivienda madrileña y, el pasado 23 de septiembre, fue desahuciada después de cuatro intentos de lanzamiento. La comisión judicial ejecutó finalmente la orden y la anciana abandonó su domicilio en camilla, trasladada por una ambulancia del Samur. Su caso había suscitado una movilización ciudadana, la intervención del Ministerio de Vivienda y una petición de suspensión de Naciones Unidas.
Su drama es real. Su situación merece una respuesta institucional. Y precisamente por ello conviene separar las circunstancias de su desahucio de las consecuencias generales de cualquier modificación de la legislación sobre vivienda. El presidente Pedro Sánchez reaccionó desde Nueva York anunciando un nuevo real decreto urgente. Atribuyó responsabilidades al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, mientras Sumar reclamaba medidas adicionales, incluida la expropiación de la vivienda de Maricarmen.
La política de vivienda vuelve así al primer plano después de años de advertencias sobre la insuficiencia de la oferta, el encarecimiento de los alquileres y las dificultades de acceso de los jóvenes. La pregunta que debería acompañar al debate no es solamente qué administración debe responder ante una anciana desahuciada. También es qué han hecho las distintas administraciones durante los últimos diez años para evitar que la escasez de vivienda se convierta en un problema estructural.
DIEZ AÑOS DE VIVIENDA EN ESPAÑA: LOS NÚMEROS
Las cifras europeas permiten situar el caso español dentro de un fenómeno más amplio. La vivienda se ha encarecido en buena parte del continente, aunque con diferencias considerables entre países.
Eurostat muestra que, entre 2015 y finales de 2025, el precio de compra de la vivienda aumentó alrededor del 68 % en el conjunto de la Unión Europea. En España, el incremento se aproximó al 90 %. Portugal registró una subida considerablemente superior, mientras que Francia e Italia experimentaron aumentos más moderados.
El fenómeno, por tanto, no es exclusivamente español. Tampoco puede explicarse únicamente por una ley nacional o por la gestión de una sola comunidad autónoma. La diferencia es significativa: España registró una subida interanual del 12,8 %, frente al 0,1 % de Francia, el 1,4 % de Alemania y el 5,2 % de Italia. Portugal alcanzó el 17,8 %.
Estas variaciones corresponden al precio de compra, no al alquiler. Conviene distinguir ambos indicadores porque sus dinámicas y sus consecuencias para las familias no son idénticas. Y hay otro dato que sitúa la discusión en su verdadera dimensión: el Banco de España estimó que, entre 2022 y 2024, la diferencia acumulada entre los nuevos hogares y las viviendas terminadas alcanzó entre 400.000 y 450.000 unidades. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga concentraron más de la mitad del desajuste.
No se trata únicamente de cuánto cuesta una casa, sino de cuántas viviendas están disponibles allí donde las personas necesitan vivir. El propio Banco de España ha advertido de la elevada proporción de hogares arrendatarios españoles que soportan un sobresfuerzo económico y de la necesidad de ampliar el parque público de alquiler asequible, además de estimular la oferta privada.
MARICARMEN: UN DESAHUCIO, UNA VIVIENDA Y UNA LEGISLACIÓN
Maricarmen pagaba unos 500 euros mensuales de alquiler. La empresa propietaria reclamaba una renta de 2.650 euros, mientras que la pensión de la anciana rondaba los 1.350 euros. La controversia jurídica estaba vinculada a la extinción de un contrato antiguo y a los límites legales de su subrogación. La distancia entre sus ingresos y el alquiler reclamado muestra por qué el caso adquirió una dimensión social.
Pero una legislación concebida para proteger a personas vulnerables también debe definir las obligaciones de los propietarios, los procedimientos judiciales, las compensaciones que puedan corresponder y los mecanismos de intervención de los servicios sociales. Son cuestiones distintas que deben resolverse dentro de un mismo marco jurídico.
El nuevo decreto que prepara el Gobierno aborda materias como la suspensión de desahucios, la congelación de alquileres, la fiscalidad y la agilización de licencias de construcción. Su contenido definitivo y su eventual convalidación parlamentaria siguen pendientes.
Por ello, no puede atribuirse todavía a una norma no aprobada un efecto concreto sobre la seguridad jurídica o la inversión inmobiliaria.
El debate sí plantea cuestiones económicas verificables: si las restricciones sobre los alquileres modifican la oferta disponible, cómo se protege a los inquilinos vulnerables, qué incentivos permiten aumentar la construcción y quién asume los costes de las medidas sociales.
EL ÁTICO DE LOS 6,6 MILLONES
El otro elemento de la polémica es el inmueble adquirido por la empresa pública Planifica Madrid, vinculado inicialmente a las necesidades de alojamiento y trabajo durante la rehabilitación de la sede presidencial madrileña. El Gobierno autonómico decidió posteriormente sacarlo a subasta. La primera convocatoria quedó desierta y se abrió un segundo procedimiento con un precio de referencia de unos 6,69 millones de euros.
La adquisición provocó controversia parlamentaria y peticiones de documentación sobre su finalidad, su autorización y su coste. La coincidencia de ambos asuntos —el desahucio de Maricarmen y la compra del ático— se convirtió en uno de los principales argumentos de las movilizaciones ciudadanas. El 23 de septiembre, unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, participaron en una concentración convocada en relación con ambos hechos. Son dos cuestiones que requieren rendición de cuentas, aunque respondan a procedimientos administrativos, patrimoniales y judiciales diferentes.
Sería interesante ver la cartera de inmuebles de muchos de los que salen o animan el asalto de las calles de Madrid para advertir a la derecha que la calle está caliente…
LOS INMUEBLES DE LOS POLÍTICOS: EL CASO MIQUEL ICETA
El patrimonio inmobiliario de los representantes públicos también forma parte del debate sobre transparencia. Y las declaraciones oficiales permiten conocer determinados datos sin confundir la titularidad legítima de inmuebles con una irregularidad.
El antiguo ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, declaró en 2023 la propiedad de dos viviendas en Barcelona y un terreno en Menorca. También consignó 30.000 euros de ingresos por arrendamiento de viviendas y una deuda hipotecaria pendiente de 174.545,83 euros.
Su declaración oficial de cese como ministro, publicada en el BOE en marzo de 2024, consignó bienes inmuebles por valor de 656.871,46 euros. La posterior declaración correspondiente a su nombramiento como embajador delegado permanente ante la Unesco reflejó 1.065.442,79 euros en el apartado inmobiliario.
Estos importes corresponden a los valores declarados en cada momento. No acreditan por sí solos adquisiciones adicionales ni permiten determinar el número actual de inmuebles de su propiedad. La transparencia exige precisamente esa distinción: identificar los bienes declarados, sus fechas y sus valores, sin convertir las diferencias patrimoniales en acusaciones no acreditadas. Y queremos saber de todos: ¿De dónde? y ¿de qué? Como las joyas de Zapatero, perdón la Collares…
LA VIVIENDA NO SE RESUELVE CON UN SOLO DECRETO
La experiencia europea muestra diferentes aproximaciones. Francia combina ayudas a la vivienda, parque social y regulación de alquileres en determinadas zonas. Alemania dispone de un mercado de arrendamiento de mayor implantación y de instrumentos de limitación de rentas. Portugal ha desarrollado medidas sobre el alquiler y la vivienda asequible, mientras que Italia mantiene un modelo con un peso importante de la propiedad residencial.
Ninguno de estos modelos puede trasladarse automáticamente a España sin considerar las diferencias de renta, fiscalidad, distribución territorial, disponibilidad de suelo y estructura del mercado inmobiliario. España afronta simultáneamente una escasez de vivienda en sus grandes áreas urbanas, un parque público insuficiente y una presión creciente sobre los ingresos de numerosos hogares.
El Banco de España ha señalado que la solución requiere ampliar la oferta de vivienda asequible y atender los obstáculos que limitan la construcción. También ha advertido de que los problemas de acceso afectan especialmente a los hogares que todavía no son propietarios. Esos problemas no aparecieron el pasado miércoles con el desahucio de Maricarmen. Tampoco desaparecen por modificar una disposición legal o anunciar una nueva intervención del mercado.
El debate legislativo debe determinar cómo se financia la protección social, qué obligaciones corresponden a cada administración y cómo se garantiza una oferta suficiente de viviendas sin trasladar indefinidamente el problema de una institución a otra.
Maricarmen ha puesto rostro a una situación que las estadísticas llevan años describiendo. Su caso ha activado una negociación política que permanecía bloqueada y ha situado la vivienda en el centro de la discusión parlamentaria.
El resultado deberá medirse por sus efectos concretos: las personas que puedan acceder a una vivienda, las familias que reciban protección ante una situación de vulnerabilidad y el aumento efectivo del parque residencial.
Porque el problema de la vivienda en España no se llama Maricarmen. Se llama vivienda. Y lleva más de cuarenta años esperando respuestas.
Claro con esa pensión, que no deja de ser de lujo, comparada con los sueldos… ¿qué estamos haciendo?
pedro de aparicio y pérez de Lucentis…
