Hay plazas que son mucho más que una plaza. La Puerta del Sol es una de ellas. Es la plaza de todos los acentos, la plaza del año nuevo, la plaza de los trileros y la plaza que refleja mejor que ninguna el mal gusto que puede alcanzar una reforma urbanística. Quince años después de convertirse en el epicentro del 15-M, vuelve a convertirse en un escaparate del Decathlon y a llenarse de pancartas y cuerpos de aspecto abandonado dispuestos a pasar la noche al raso. Esta vez, el detonante tiene nombre propio: Maricarmen, una mujer de 87 años discapacitada y desahuciada el pasado miércoles de una vivienda de clase media baja del barrio de Retiro en la que había vivido durante más de siete décadas.
La misma plaza que protagonizó aquel terremoto político de 2011, que puso en jaque a un Zapatero que ya políticamente era cadáver y que incomodó a una Esperanza Aguirre que contempló tras el visillo de su despacho aquellas jornadas desde el poder autonómico, vuelve ahora a cuestionar tanto a un supuesto Gobierno de progreso como a la oposición madrileña. Pero hay algo que ha cambiado: ya no se protesta únicamente contra un sistema político. Se protesta contra la imposibilidad de permanecer en la propia casa.
El Sindicato de Inquilinas convocó la acampada después de la manifestación del sábado 26 de septiembre, bajo una consigna que condensa la presión política: «O cae el rentismo o cae el Gobierno». Su exigencia inmediata es que el Ejecutivo apruebe el llamado «decreto Maricarmen», una propuesta que incluye medidas como la renovación automática de contratos, la congelación de alquileres y una moratoria de desahucios sin alternativa habitacional.
La pregunta interesante, sin embargo, es quién puede obtener rédito político de esta movilización. La oposición, autodescartada, se encuentra en una posición imposible para capitalizar una protesta esencialmente dirigida contra las políticas de vivienda. El Gobierno, en cambio, tiene delante una oportunidad y una trampa: aprobar medidas que satisfagan al movimiento podría permitir a Sánchez presentarse como quien responde al conflicto; no hacerlo puede alimentar precisamente la movilización que ahora ocupa Sol.
Y en medio aparece el perejil de todas las salsas, la oportunista Irene Montero reclamando medidas más contundentes y cuestionando la negociación con Junts. La imagen resulta inevitablemente paradójica: dirigentes de la izquierda institucional intentando reencontrarse con una calle que, quince años después, vuelve a hablar un idioma parecido al del 15-M, pero esta vez conscientes de que el matrimonio Iglesias habita un chalet en Galapagar y tiene múltiples propiedades.
Quizá esta sea la verdadera novedad. Sol vuelve a estar ocupada, pero ya no por indignados contra la vieja política. Esta vez son los inquilinos quienes preguntan cuánto tiempo puede sostenerse una sociedad en la que tener casa se ha convertido, para la inmensa mayoría, en un privilegio.
José Anotnio RULFO
