El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha reclamado la aprobación de una ley estatal de publicidad sanitaria que refuerce la protección de los pacientes ante situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre como las generadas por los recientes cierres de clínicas y centros sanitarios. La organización advierte especialmente de las consecuencias que estos cierres pueden tener cuando afectan a tratamientos ya iniciados o generan dudas sobre la continuidad de la asistencia.
La Organización Farmacéutica Colegial comparte así la preocupación expresada en las últimas semanas por el Consejo General de Dentistas, la Organización Médica Colegial y la Organización Colegial Veterinaria, y considera necesario adoptar medidas que permitan evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. Para los farmacéuticos, la protección del paciente debe ocupar un lugar central en la regulación de la actividad sanitaria.
Una regulación común para toda España
En este contexto, el Consejo General considera especialmente necesario impulsar definitivamente una normativa estatal que establezca un marco común para la publicidad de centros, establecimientos, productos y servicios sanitarios. La organización recuerda que se trata de un ámbito con unas características específicas por su impacto directo sobre la salud de los ciudadanos y en el que considera insuficiente una aproximación exclusivamente comercial.
La futura regulación, según los farmacéuticos, debería exigir que toda publicidad sanitaria responda a criterios de rigor, prudencia, veracidad y transparencia, evitando mensajes capaces de generar falsas expectativas o inducir a error. El objetivo sería garantizar que la información que reciben los ciudadanos permita tomar decisiones con mayores garantías y que la protección de la salud prevalezca sobre cualquier interés comercial.
El Consejo General de Farmacéuticos ha señalado que esta reclamación se mantiene desde hace años y que existe un posicionamiento compartido entre las principales profesiones sanitarias. La organización considera que disponer de una regulación estatal permitiría homogeneizar las garantías para los pacientes y establecer unos criterios comunes para la comunicación y promoción de servicios relacionados con la salud en todo el territorio nacional.
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