El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este 5 de octubre el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara sus decretos sobre vivienda. La convocatoria abre un nuevo periodo de incertidumbre política y recuerda a episodios recientes de bloqueo institucional, como los vividos en 2016 y 2019, cuando España atravesó meses de interinidad, dificultades para formar Gobierno y una mayor complejidad para alcanzar acuerdos parlamentarios. En esta oportunidad, ¿qué escenarios deben prever los lobistas y las organizaciones con intereses regulatorios de cara a los próximos meses?
Rubén Rodríguez, socio y director de NITID Corporate Affairs, dice que en la consultora han recibido la noticia “como un cambio de escenario que obliga a nuestros clientes a revisar de inmediato sus prioridades regulatorias. Es un momento para centrarse más que nunca en la anticipación”. En conversación con PRNoticias, explica que para el sector “la consecuencia más directa es que la disolución de las Cortes hace caducar todas las iniciativas en tramitación en Congreso y Senado, sea cual sea su fase: proyectos y proposiciones de ley, enmiendas, ponencias y dictámenes”.
La realidad es que lo que caduque tendrá que empezar de cero en la próxima legislatura “y solo si la nueva mayoría quiere” dice Rodríguez. Las únicas excepciones serían las iniciativas legislativas populares y las proposiciones de los parlamentos autonómicos, advierte.
Desde este 6 de octubre, el control parlamentario queda en manos de la Diputación Permanente, que no puede legislar y, además, el socio y director de NITID Corporate Affairs recuerda que la consecuencia es que buena parte del trabajo legislativo de los últimos meses queda en suspenso. “El foco se desplaza al Ejecutivo, que mantiene plenas facultades hasta el 29 de noviembre, y a la elaboración de los programas electorales”, agrega y así desarrolla algunos escenarios que lobistas, organizaciones e inversionistas deben tomar en cuenta. “Ninguno debe darse por descontado”, enfatiza.
¿Consideras que la crisis de la vivienda ha sido la causa de fondo o simplemente el detonante de una decisión motivada por otros factores?
El debate sobre los altos precios de alquiler y de compra de vivienda en España -especialmente entre los jóvenes- ya ocupaba un espacio político y social relevante antes de la convocatoria. La derrota parlamentaria de los dos decretos de vivienda el pasado viernes ha permitido a Sánchez incorporarlo de inmediato a su argumentario. Más que la causa de fondo, la vivienda funciona como detonante y como argumento de campaña. La decisión responde a un contexto más amplio de dificultad para sacar adelante la agenda legislativa, del que la votación de los decretos es el último ejemplo.
¿En qué nivel de incertidumbre política entra España a partir de este momento?
El calendario fija ya un periodo largo de interinidad. El Real Decreto de disolución se publica mañana en el BOE. La campaña irá del 13 al 27 de noviembre y las elecciones serán el 29. Desde el 30 de noviembre el Gobierno pasa a estar en funciones, limitado al despacho ordinario y sin poder presentar proyectos de ley ni Presupuestos. Las nuevas Cortes deben constituirse antes del 24 de diciembre, y la investidura iría previsiblemente a enero de 2027, o más tarde si hay bloqueo. Hablamos de al menos tres o cuatro meses de incertidumbre acotada, en los que la gestión ordinaria está garantizada pero la capacidad de impulsar reformas queda prácticamente congelada.
¿Cómo puede afectar este escenario a la inversión nacional y extranjera?
El efecto más probable no es la retirada de inversiones, sino su aplazamiento, sobre todo en proyectos que dependen de un cambio normativo pendiente o de una decisión administrativa relevante. Los inversores pueden convivir con un calendario electoral conocido; lo que más penaliza es la falta de visibilidad sobre el marco regulatorio. Si el periodo de interinidad se alarga más allá de la investidura prevista, ese aplazamiento podría empezar a pesar.
¿Qué sectores serán más sensibles a la interinidad y al riesgo regulatorio?
Los más expuestos son los sectores altamente regulados, precisamente en los que nos especializamos en NITID Corporate Affairs. Más aún si cuentan con iniciativas normativas en tramitación que les afecten, porque son los que más pierden con la caducidad: energía, sanidad y farma, telecomunicaciones y economía digital, financiero, y transporte e infraestructuras. También los que dependen de decisiones del Ejecutivo que, a partir del 30 de noviembre, solo podrán adoptarse por urgencia o interés general.
¿En qué punto queda la crisis de la vivienda en particular?
Tras la derrota de los dos decretos el pasado viernes, la vía parlamentaria queda cerrada hasta la próxima legislatura, porque las iniciativas en tramitación caducan con la disolución. Otra cosa es la creatividad del Gobierno en este sentido, porque Sánchez conserva, eso sí, margen ejecutivo. Puede aprobar Reales Decretos hasta el 29 de noviembre, y desde el 30, ya en funciones, solo por urgencia o interés general debidamente justificados. Si dicta nuevos decretos-leyes, la Diputación Permanente podría tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Sería muy forzado, pero es posible. En el plano político, la vivienda puede convertirse en uno de los primeros terrenos de confrontación electoral. Es un asunto con mucha capacidad para conectar con las preocupaciones cotidianas, y permite a Sánchez reforzar la idea de un Gobierno orientado a proteger a la mayoría frente a determinados intereses.
¿Cómo deberían adaptar las organizaciones sus estrategias de asuntos públicos durante este periodo de incertidumbre?
Lo primero es revisar qué iniciativas de su interés caducan y cuáles sobreviven, y ajustar la agenda al nuevo calendario: Diputación Permanente desde mañana, campaña del 13 al 27 de noviembre, Gobierno en funciones desde el 30 y nuevas Cortes antes del 24 de diciembre. A partir de ahí, recomendamos tres cosas. La primera, anticiparse. Hay preparar escenarios para los distintos resultados posibles y armarse de inteligencia para la toma de decisiones. La segunda, trabajar con todas las formaciones en la fase de elaboración de programas, que es donde se fija buena parte de la agenda de la próxima legislatura. La tercera, mantener la interlocución técnica con la Administración, que sigue funcionando durante todo el proceso.
¿Cómo puede afectar la incertidumbre a la posición de España en la Unión Europea y a nivel global?
Hasta el 29 de noviembre el Gobierno conserva plenas facultades, también en el ámbito exterior. Desde el 30, en funciones, no podrá presentar Presupuestos ni proyectos de ley. A corto plazo, la presencia de España en Bruselas y en los foros internacionales no debería resentirse. El riesgo aparece si la interinidad se prolonga: retrasos en la transposición de directivas, menor capacidad para asumir compromisos nuevos y un peso negociador más limitado en un momento de agenda europea muy exigente. Será clave la rapidez con que se conforme el nuevo Gobierno, o si entramos en un bloqueo durante meses, como pasó en 2016.
¿Qué escenario consideras más probable: investidura rápida, gobierno débil o repetición electoral?
Es pronto para anticiparlo, y dependerá de la aritmética parlamentaria que salga de las urnas. El calendario apunta a una investidura en enero de 2027, o más tarde si hay bloqueo. Nuestra recomendación a las organizaciones es planificar para los tres escenarios y no dar ninguno por descontado.
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