A pocas horas de que España cuente con un nuevo gobierno son muchos los retos a los que tendrá que hacer frente, desde la cuestión de Cataluña hasta el famoso ‘veto’ a los periodistas. En las últimas semanas los profesiinales de la comunicación han visto cuestionado su derecho a preguntar. Todo comenzó en la en la presentación del programa de gobierno PSOE y Unidas Podemos en la que sólo se admitió la presencia de personal gráfico prohibiendo la entrada a la sala de los periodistas encargados de cubrir la información.
Es indudable que el deber de los políticos es someterse al escrutinio de la opinión pública a través de los medios de comunicación, en el marco del respeto a la libertad de expresión y a dicho derecho de información. Cuando los representantes políticos no admiten preguntas se interponen en la función básica del periodismo, la de informar a los ciudadanos.
A lo largo de la democracia son muchos los casos en los que los partidos políticos han intentado evitar a los medios de comunicación, lo destacable de esta ocasión es que directamente se vete la entrada de los periodistas y se vete las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa. La última polémica la protagonizó el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, tras sus polémicas declaraciones en las que recriminaba a los periodistas que cubren la información en Moncloa, la “tendencia enfermiza a preguntar”. Declaraciones por las que tuvo que pedir disculpas y rectificar.{wbamp-show start}
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El secretario general de comunicación acusaba los periodistas de ser tertulianos y de no informar de manera objetiva. Estas declaraciones junto con el veto a los periodistas que informan sobre Moncloa predicen que se avecina tiempos difíciles para los periodistas que cubren la información política. Esta estrategia comunicativa nos recuerda a la impulsada por el ex presidente Mariano Rajoy cuando realizaba ruedas de prensa a través de una televisión, sin oportunidad de réplica por parte de los periodistas.
Este ‘veto’ ha sido denunciado por la Asociación de Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en la que recuerdan que los periodistas y medios de comunicación tienen la función de mantener informados a los ciudadanos de acuerdo con el cumplimiento recogido en la constitución del derecho a la información.
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