Un hombre que fue desahuciado tras haberse contagiado por Covid-19, ha presentado ante los juzgados ordinarios una querella criminal contra el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y varios altos cargos del Gobierno, a los que acusa de delitos contra la salud pública, homicidio y lesiones imprudentes, además de omisión del deber de perseguir los delitos en la compra de test de detección del Covid-19 defectuosos.
El abogado del querellante ha explicado que, como consecuencia de esta compra, se realizaron test que arrojaron resultados erróneos poniendo en riesgo la salud colectiva, ya que esto permitió la propagación del virus y, por tanto, los ingresos hospitalarios, las lesiones e incluso la muerte.{wbamp-show start}
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Así, el hombre acudió al hospital el 13 de marzo de 2020 a realizarse una biopsia. Al no haber test suficientes, no fue posible comprobar si los sanitarios que le atendieron pudieran haberle contagiado, cosa que al parecer ocurrió. Su pronóstico es “catastrófico” y “se le ha pronosticado un rápido fallecimiento” que espera en su casa, ha comentado el abogado; entiende, además, que su eventual muerte es producto directo de “una mala gestión de los que gobiernan distintas administraciones”.
El calvario de este hombre “se ve agravado por la imposibilidad de otorgar ni un simple poder notarial, dado que los notarios no acuden al domicilion ante el riesgo de ser contagiados”, ha señalado su abogado.
Además, el querellante ha solicitado que se investigue a los responsables de la Oficina Centralizada de compras de productos sanitarios del Ministerio de Sanidad. Además, ha pedido que se investigue también al administrador de la entidad intermediaria de compra de los test defectuosos para detectar el Covid-19, y a la persona jurídica intermediaria de la empresa, así como a cualquier otro que resulte señalado en la instrucción.
Contenido de la querrella criminal
En la denuncia se hace un recorrido por la normativa que permite la adquisición de productos sanitarios en el extranjero a través del mecanismo de abastecimiento centralizado por el Estado de productos sanitarios distintos de los medicamentos previsto para momentos de “excepcionales dificultades de abastecimiento”.
La querella señala que la reglamentación sobre este tipo de productos establece que deben estar testados por los Organismos de Notificados de ámbito europeo al que se deben aportar los documentos sobre el diseño, procesos de fabricación, normas técnicas e información que acompaña al producto. A continuación, se establecen todos los requisitos para autorizar su compra “por razones de interés sanitario en situaciones en que no existen otras alternativas para el tratamiento de los pacientes”.
También se relatan todas y cada una de las responsabilidades y funciones atribuidas a los altos cargos contra los que se dirige la querella, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos que se adquieran fuera de la UE.
“Los test resultaron ineficaces y no correspondían con sus prescripciones técnicas”. En esta línea, la querella señala directamente al Ministerio de Sanidad. Según el demandante, fue este organismo el que adquirió una partida de 659.000 test rápidos de detección del Covid-19 a una compañía china, con la participación de una empresa farmacéutica. Todo ello, previo pago de un “precio desconocido”.
De los test adquiridos, al menos 58.000 llegaron a territorio español y 8.000 fueron distribuidos en la Comunidad de Madrid. “Fueron aplicados a pacientes específicos, hasta que por controles externos a la Agencia Española del Medicamento y a la Administración Central del Estado se pudo comprobar que eran ineficientes y que su sensibilidad no era acorde con sus fichas técnicas”.
Finalmente, apuntan a que la compra se realizó a una empresa sin licencia para la fabricación en China. Además, creen que se pagó por adelantado y que no se llevaron a cabo los controles para comprobar su eficacia con la participación de las personas contra la que se dirige la querella.
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