La piratería digital experimenta en España otro descenso en cifras absolutas, según los datos de 2020, que registran otra caída anual del 7% en el acceso a contenidos infractores, siendo 5.239 millones, el número de contenidos ilícitos a los que se accedió, lo que representa una disminución acumulada del 10% desde 2018 y, en torno al 24% desde 2015.
El valor de dichos contenidos es de 30.892 millones de euros y el perjuicio para el sector alcanzó los 2.416 millones de euros en este periodo. Las arcas públicas podrían haber percibido 682 millones de euros durante 2020, una cifra que se eleva a los 5.340 millones desde 2012, y se podrían haber creado 130.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Estos son algunos de los principales datos que recoge el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2020, elaborado por la consultora independiente GfK a instancias de la Coalición presentados por el Ministro de Cultura y Deporte en el Museo Arqueológico Nacional.
Accesos ilegales
En cuanto al acceso a contenidos, la industria del libro es la más afectada, con un porcentaje de individuos que realizan accesos ilícitos del 33%, seguida por las películas (26%), la música (25%), los periódicos (25%), el fútbol (23%), las series (21%), los videojuegos (20%), las revistas (18%) y las partituras (5%). El valor total de los contenidos asciende a 30.892 millones de euros.
Sin embargo, de los 2.416 millones de euros de perjuicio al conjunto del sector causado por la piratería en 2020, es la música la peor parada con 482 millones de euros, las películas 322 millones, las series 138 millones, los libros 240 millones, los videojuegos 205 millones, el fútbol 231 millones, los periódicos 345 millones, las revistas 426 millones y las partituras 28 millones.
Entre los motivos que justifican el acceso ilícito a contenidos, 4 de cada 10 consumidores afirman “no saber distinguir entre las plataformas legales/ilegales”, mientras que el 54% argumenta que lo hace porque ya paga por una conexión a Internet o televisión de pago.
Aumentan otras justificaciones como “para evitar pagar por un contenido que luego no me guste” y “porque no puedo acceder al contenido de otra forma, por ejemplo, versión original, con subtítulos…”, hasta el 61% y el 37%, respectivamente.
Otros datos, muy relevantes, y que son novedosos en esta edición, por ser la primera vez que se recogen cifran que a 8 de cada 10 consumidores les ha parecido “importante” poder acceder a contenidos culturales y de entretenimiento durante el estado de alarma o que 6 de cada 10 consideran que “los creadores e industrias culturales son un sector estratégico para la economía y el empleo en nuestro país”, el mismo porcentaje que afirma que existe, en nuestro país, una oferta legal suficiente para consumir / acceder a la cultura.
Aumento a través de las redes sociales
Lo que más destaca es el aumento del uso de redes sociales como medio para acceder a contenidos ilícitos (del 23% al 27% de 2020): Facebook (55%), Youtube (39%), Whatsapp (34%), Instagram (28%) Telegram (25%) o Twitter (24%), lo que, a juicio de las industrias de contenidos hace inaplazable impulsar medidas para revertir esa situación.
Asimismo, crece el streaming online (del 22% en 2019 al 23% en 2020), por quinto año consecutivo, y es claro que, también, son precisas reformas específicas para frenarlo. Respecto a la forma de acceso a contenidos ilegales, se evidencia un ligero descenso en el peso de los buscadores, al pasar del 62% al 58% registrado en 2019, manteniéndose Google como el más utilizado: 9 de cada 10 accesos a contenidos piratas se producen desde sus resultados de búsqueda.
Uno de los datos más novedosos y preocupantes es en cuanto al equipamiento, el 28% de los internautas tiene decodificador IPTV y el 21% ha accedido a una VPN para uso personal, y el 40% de los internautas han hecho uso de tutoriales acerca de cómo acceder a contenidos. De ellos, el 18% han consultado guías de cómo descargar contenido, el 7% han buscado ayuda para obtener o utilizar plataformas y el 15% han usado manuales para ambos fines.
En cuanto al tipo de tutorial, los más consultados son los referentes a las películas/series (42%), seguidos por la música (41%), videojuegos (31%), el uso de una vpn (27%), libros (23%), modificar una consola (21%), el uso de una IPTV (17%), fútbol (13%) y el uso de cardsharing (3%).
Además, el 57% de quienes acceden a contenidos digitales ilícitos y han intentado acceder a contenidos encontraron que ya no existía o estaba cerrada la web. De estos consumidores, el 15% vio algún mensaje explicando los motivos del cierre de la página, al 11% le ofrecieron otra web para acceder a los contenidos, y al 31% le ayudo un buscador a encontrar un nuevo portal.
El porcentaje de webs desde las que se accedió a contenidos ilegales que están financiadas por publicidad se mantiene por encima del 90%, al igual que en años anteriores. De toda esa publicidad, aumenta hasta el 51% la que corresponde a sitios de apuestas y juego online, el 41% a webs de venta online o el 33% a productos de consumo de marcas de prestigio, por lo que insistir en la responsabilidad y la colaboración del sector publicitario es fundamental para frenar los modelos de financiación de los portales piratas.
Además de la publicidad, cómo otra de las fuentes de ingresos de las webs de contenidos ilícitos, destacan, especialmente, la obtención de datos que los piratas recopilan de modo fraudulento en bases de datos, que posteriormente comercian y alcanzan precios muy elevados en el mercado, así más de dos tercios de los internautas (65%) tuvo que registrarse como usuario cediendo datos de carácter personal (email 55%, móvil 17%, completar una encuesta de opinión 17%).
Repercusión: empleos e ingresos del Estado
La repercusión de la piratería digital en el empleo aporta cifras preocupantes. En un escenario sin piratería se podrían crear más 20.000 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría un incremento del 24%, que más los indirectos supondría 130.318 empleos totales más.
Las arcas públicas dejaron de recibir a causa de la piratería casi 424 millones de euros en concepto de IVA y más de 59 millones de euros en IRPF, mientras que la cantidad no recaudada por la Seguridad Social alcanzó casi los 200 millones, en concepto de cotizaciones. Es decir, el Estado habría dejado de ingresar en 2020 un total de 682 millones de euros por los accesos ilegales a contenidos, sumando un acumulado desde 2012 de 5.340 millones de euros.
En la lucha contra la piratería, casi 8 de cada 10 usuarios consideran que la medida más efectiva contra los accesos ilícitos es que no se permita el acceso a estas páginas web, al tiempo que disminuye el porcentaje de personas que consideran efectivo desarrollar campañas de concienciación social (54%). Asimismo, el 69% ve eficaz sancionar a los proveedores de Internet, el 57% apuesta por sancionar a los usuarios con multas y el 54% apuesta por sancionar restringiendo el uso de internet a quién lo hace.
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