Ha sido la polémica de la semana en los medios de comunicación. El Gobierno apostó por vetar a los medios críticos con su gestión a una reunión en la que el Secretario de Estado de Comunicación, acompañado de varios representantes públicos explicarían a la prensa detalles sobre el reparto de los fondos europeos.
Tras las críticas de medios, políticos y organizaciones privadas, se ha decidido convocar una nueva reunión con la prensa excluida en la que se ha informado de los detalles. Una información tardía y que ya han difundido los medios que sí estuvieron presentes en la primera cita.
¿Quién es el responsable de esta decisión? El encargado de esta convocatoria y de gestionar las relaciones de Moncloa con la prensa es Francesc Vallés. El que fuera diputado por el PSC entre los años 2004 y 2016 ha ocupado el puesto que dejó vacante Miguel Ángel Oliver el pasado verano. Además de su etapa política, dentro del ámbito de la comunicación, Vallés fue director senior de Asuntos Públicos en la consultora Hill & Knowlton.
Recordemos que el pasado mes de julio Pedro Sánchez apostaba por un cambio de rumbo en el Gabinete de Comunicación poniendo fin a la etapa de Iván Redondo como Jefe de Gabinete y dando pie a nuevos cambios que afrontó Óscar López.
Desde entonces, han pasado seis meses en los que Vallés, con un perfil más político que periodístico ha tomado las riendas y gestionado las relaciones con la prensa. Un trabajo que, hasta hoy, ha dejado mucho que desear.
Reincidente
En el último encuentro con la prensa, celebrado este jueves, Vallés ha negado que exista un veto a miembros de la prensa. Sin embargo, ha insistido en que estas situaciones pueden repetirse en el futuro ya que los criterios de acreditación serán “los que establezca el convocante en cada momento”.
No es la primera vez que diferentes medios se quejan del trato de favor de las fuentes del Gobierno a medios con una línea editorial en consonancia con su gestión. En una de las últimas ruedas de prensa de Pedro Sánchez en 2021 solo se permitió realizar preguntas a medios “amigos”, lo que provocó las quejas del resto del sector.
Una práctica que se está extendiendo y normalizando y que pone en tela de juicio la transparencia del Gobierno y su respeto por la libertad de prensa.
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