SANTIAGO (31/05/06) El periodista chileno Hernán Uribe iba a ser homenajeado en México ser uno de los fundadores vivos de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) en su 30 aniversario. Pero al ir a renovar su pasate, el Registro Civil chileno le negó la renovación dos episodios judiciales ocurridos hace más de 35 años.
SANTIAGO (31/05/06) El periodista chileno Hernán Uribe iba a ser homenajeado en México ser uno de los fundadores vivos de
Los dos casos judiciales delitos de injurias se registraron hace 37 y 50 años, respectivamente, pero finalmente Uribe logró sacar su pasate para acudir a la recepción del galardón gracias a una gestión realizada pro Guillermo Arenas, director del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), que ordenó emitir el documento aplicando una prerrogativa administrativa de excepción.
Esta extraña situación fue denunciada el periodista de televisión Alejandro Guillier en el programa “Tolerancia Cero”, de Chilevisión. El también presidente del Colegio de Periodistas de Chile, aseguró en ese momento que el organismo presentaría un recurso de protección ante los tribunales si la situación de Uribe no se resolvía en un plazo razonable. En el programa se aclaró que Uribe no tiene ninguna causa pendiente con la justicia. El que fuera director del diario vespertino de izquierdas Las Noticias de Últa Hora, cerrado tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973, padeció las consecuencias de la represión cuando se le arrebató la nacionalidad chilena debido a una medida adoptada en 1974.
El cofundador de
La pesadilla del pasate
Según relató el mismo Uribe, a las 24 horas de solicitar la renovación de su pasate le avisaron telefónicamente que acudiera al SRCEI que tenía problemas “pendientes”. Una vez allí, le indicaron que debía comprobar si había cumplido las sentencias. Para demostrarlo, debía tener un documento llamado “Resolución de término” de la segunda causa, que data de 1969, que terminó en un aveniento entre las partes.
Lo más curioso es que todo esto sucede cuando hoy el ordenamiento jurídico establece una prescripción de los delitos al cabo de 5 años, si el encausado se encuentra en suelo chileno, y de 10 años cuando se halla en el extranjero.
El hecho delata que la coordinación entre las oficinas dependientes del Ministerio de Justicia, entre las que se cuenta el Servicio de Registro Civil e Identificación, no es su flanco más fuerte.
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