El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Boadilla vulnerar los derechos fundamentales de los grupos políticos de la oposición, como venían denunciando desde el año 2.000 los partidos del PSOE, APB, EI y Grupo Mixto, ante el incumpliento del derecho de participación política en condiciones de igualdad parte de González Panero. Después de varios años de delitos, denuncias y sentencias, el máxo órgano de justicia se pronuncia en favor de la oposición.
El concejal de Alternativa Boadilla, Angel Galindo, declaraba ante la notificación de la sentencia que ‘el Tribunal Supremo pone al descubierto el desprecio que tiene el Alcalde González Panero sus adversarios políticos, vulnerándoles sus derechos constitucionales’ Galindo continuaba en su declaraciones denunciando el comtamiento del Alcalde, pues considera que ‘el municipio de Boadilla no merece un Alcalde prepotente y que desprecia las reglas de la democracia, lo que pedos que el Partido Popular de Madrid tome en serio lo que advierten los tribunales’.
La vulneración de los derechos fundamentales en el ejercicio de la igualdad de condiciones en Boadilla, surgió hace siete años cuando los concejales Galindo y Samos pidieron la creación de un Grupo Mixto que le fue denegada. Ante este delito los afectados presentaron la correspondiente denuncia que fue ratificada 2 sentencias, en las que el Ayuntamiento fue condenado a pagar más de 300.000 euros a los citados Concejales, tanto la Sección 8ª como la 2ª del Tribunal Superior de Madrid.
Durante el Gobierno del alcalde González Panero (1.9992.003), se produjeron muchas incidencias políticas en el seno del Ayuntamiento, como denunciaban fuentes del Grupo Político ‘Alternativa Boadilla’. La sentencia de 22 de marzo de 2007, del Tribunal Supremo, reconoce el derecho del Grupo Mixto a estar representado en todas las Comisiones de Urbanismo, en este caso la Comisión de Urbanismo de 15 de junio de 2001, posicionándose ante la vulnerabilidad de los derechos de los concejales durante los cuatro años de legislatura.
De la misma manera, en el año 2.001 se vulneraron los derechos fundamentales del PSOE, cuando el Ayuntamiento ocultó documentos a la oposición, una falta ante la que se pronunció el Tribunal Superior de Madrid en el 2.003, lo que costó al Ayuntamiento la anulación judicial del Plan General de Ordenación Urbana.
Según indicaban las mismas fuentes, la vulneración de los derechos fundamentales de todos los grupos de la oposición (PSOE, Grupo Mixto, EI de la pasada legislatura) se hizo pública y notoria con el Convenio de cesión del Palacio al Ministerio de Defensa, que el Alcalde negoció y aprobó a espaldas de la oposición, hecho que supuso su anulación judicial otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2.003.
Desde hace tiempo que los máxos órganos judiciales de la Comunidad de Madrid y del Estado vienen confirmando y sentenciando estas actitudes anticonstitucionales y antidemocráticas del Popular González Panero; ahora ha sido el Tribunal Supremo el que declara que el Ayuntamiento de Boadilla vulneró el artículo 23.2 de la Constitución Española (ejercicio del derecho de participación política en condiciones de igualdad a los Grupos de la oposición) al privar al Grupo Mixto de su derecho fundamental a participar en la Comisión Informativa de Urbanismo de 15 de junio de 2001.
Tras un largo proceso de vulneración de derechos favorables al Ayuntamiento de Boadilla, de denuncias parte de la oposición y de sentencias aprobadas los diferentes órganos jurídicos, la vulneración de los derechos fundamentales continúan en el marco político de Boadilla, aunque muchos de los asuntos judiciales que se llevan arrastrando desde hace años están ya en su recta final.
El tavoz de APB notificaba a PRMadrid las condiciones actuales en las que ‘se nos deniegan expedientes municipales, el acceso a la información de manera torticera, y se nos pide nuestra participación en organismos autónomos municipales (caso del consejero de APB en el Patronato Municipal de Cultura, sesión 1422006 que hemos denunciado ante los tribunales) pidiéndonos el ejercicio de nuestra labor de control y fiscalización’ manifestó Ángel Galindo,
