Dos son los grandes retos con los que se enfrenta este país, digan lo que digan y nos cuenten lo que nos cuenten los propagandistas del momento. La ruptura de la unidad de mercado y la definitiva dilución de la separación de poderes cumpliendo la vieja aspiración de la izquierda de enterrar a Motesquieu emergen como dos desafíos y dos peligros cuyos preros pasos se comenzaron a dar en la anterior legislatura y que deberán ver en ésta, el definitivo espaldarazo bajo el mandato de un relativista Rodríguez Zapatero.
Ciñéndonos al prer asunto, la laxitud de nuestro presidente en los asuntos relacionados con la diversidad histórica y cultural española, es la baza con la que cuentan los partidos nacionalistas para poner sus criterios lingüísticos y hechos diferenciadores varios en los próxos años. Y a la vista de los acontecientos cotidianos, todo parece indicar que no están dispuestos a ceder en sus pretensiones de generar cuanta tensión política sea necesaria con objeto de provocar situaciones que les permita avanzar en la consecución de sus objetivos, especialmente radicales, y que van a afectar, sin duda, a la unidad de mercado, tal y como esta se conoce hasta ahora.
Para muchos empresarios nacionales y extranjeros, la unidad de mercado comienza a ser una quera en España, gracias al posibilismo y dejación del gobierno, los políticos y al desinterés y silencio cómplice de la propia clase empresarial que hasta ahora sólo ha dejado oír su voz de forma tímida y aislada.
Entre los inversores extranjeros, cada vez es más alta la preocupación lo que consideran una diversidad de normas y legislaciones entre las que se incluyen las lingüísticas que hacen inviable una gestión eficaz y suponen un innecesario castigo a la productividad.
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha mostrado su preocupación en alguna ocasión, aunque es consciente de que esa ruptura de la unidad de mercado empieza la organización que preside, ya que vascos y catalanes llevan años campando sus respetos sin que nadie se haya atrevido a denunciar el hecho de que la patronal vasca y la catalana ignoran a la CEOE como foro estatal y ello ha sido así con el silencio cómplice de Cuevas, prero, y de Díaz Ferrán, ahora.
Buscando en el baúl de las hemerotecas, se pueden encontrar afirmaciones tan claras como la que pronunció en un momento determinado el actual presidente de la CEOE: "Tener normativas diferentes en las distintas CCAA, en un mismo sector, nos perjudica y desincentiva la inversión extranjera". Tajante afirmación que, sin embargo, nadie parece estar dispuesto a defender y menos mientras se espera una decisión definitiva del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.
De llegar a producirse la decisión del TC en algún momento del siglo XXI, lo cual parece probable, esta debería resultar esclarecedora ya que, se supone tendrá que abordar diversos artículos que atentan contra esa unidad de mercado que parece ser tan tante para quienes viven de ella y así ha sido denunciado en repetidas ocasiones altas instituciones como el mismíso Banco de España, nada sospechoso de banderías políticas.
Las empresas extranjeras y sus órganos de representación en España, su parte, se han quejado reiteradamente de las crecientes dificultades que encuentran en nuestro país para mantener una inversión que cada vez se torna menos rentable y no sólo cuestiones ligadas a la propia productividad. Normativas varias de calidad, etiquetado, horarios comerciales, tasas, puestos o legislación diversa e intervencionista, son solo algunos de los problemas que empiezan a hacer la vida posible a los empresarios foráneos que ven con disgusto que el proceso, lejos de aminorarse, va al alza. Y ello se traduce en que cuando tienen la más mína otunidad se las piren con o sin ERE en busca de otros lugares más oxigenados. Y además, dejan constancia de ello en los numerosos rankings internacionales que hablan de la incomodidad de invertir en España.
La elección de Obama, la enésa detención de la cúpula de ETA, el G20 o 22, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la retirada del crucifijo de turno, el futuro de Repsol, el divorcio de Felipe González o el falso debate sobre la madre Maravillas citar solo algunos asuntos, hace que hayamos incorado al olvido de nuestro subconsciente una realidad futura difícilmente conjugable con los procesos globalizadores y que aunque haya sido denunciada en reiteradas ocasiones, el personal termina pasar olímpicamente de sus posibles y perversos resultados.
Y si no, que se lo pregunten al Circulo de Empresarios, organismo que agrupa a más de 200 representantes de las principales empresas españolas y que, cuando era crítico y beligerante, realizó una «declaración institucional» muy acida con el proyecto de Estatuto de Cataluña. En ella, se señalaba que «en el ámbito económico, la ruptura o el sple debilitamiento de la unidad de mercado, en pleno proceso de apertura de los mercados mundiales, supondría una pérdida irreparable de otunidades de creciento para nuestras empresas, para nuestra economía y, en consecuencia, para nuestros actuales niveles de convivencia y bienestar». Desde entonces, nada de nada.
Entre observadores y analistas de la evolución política y económica española, no pasa desapercibida la ofensiva que han adoptado las tres comunidades denominadas históricas con el asunto lingüístico contra la lengua castellana y que se considera premonitoria de una parable ofensiva que puede traer consecuencias irreparables para la economía española, lo que supondría una responsabilidad histórica para el socialismo español del que muchos que sus dirigentes son más que conscientes.
En tono de humor, cabria poner de relieve que el proceso en marcha, sólo tiene un inconveniente para lograr sus objetivos: para entenderse entre ellos deben usar el demonizado castellano dominante.
De la separación de poderes, con permiso del director, trataré en un siguiente artículo.
