Hemos visto cosas sin sentido en esta profesión, pero nunca paramos de sorprendernos. El día de ayer el nuevo BOE electrónico publicaba la nueva normativa de telecomunicaciones que deroga la prohibición para que los grupos de Comunicación tengan más de un 5% en un segundo operador de televisión. Un texto que además incluía entre sus capítulos ‘el proceso de liberalización del sector energético y la inminente entrada en vigor del Suministro de Últo Recurso'. Dos temas que no tienen nada que ver en una misma disposición ¿Quién se lee el BOE?
Parece mentira que la tecnología no ayude a mejorar las cosas. El 1 de enero de este año el Gobierno anunciaba a bombo y platillo que el Boletín Oficial del Estado (BOE) nunca más priría en papel y que ahora pasaba a ser exclusivamente digital y en formato pdf. De momento, todo bien hasta que nos damos cuenta que los creadores del BOE han comenzado a mezclar leyes en las mismas disposiciones. No estamos exagerando.
DESCÁRGATE EL BOE DE HOY
Esta misma mañana el 'Real Decretoley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones' incluye además de todas las disposiciones de esta legislación, una normativa sobre ‘el proceso de liberalización del sector energético y la inminente entrada en vigor del Suministro de Últo Recurso'. Sí, como se lee. Entre párrafos la nueva normativa de propiedad de medios de Comunicación, el Ministerio ‘cuela' una disposición sobre ‘Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos en el seno de la Comisión Nacional de Energía'.
En la página 19016 del BOE de hoy aparece un texto totalmente fuera de lugar respecto a todo el articulado anterior referido precisamente a la necesidad de crear esta oficina del consumidor de productos energéticos. ¿Qué tiene que ver una oficina energética con la nueva normativa audiovisual? Pues nada, pero parece que nadie en el BOE se ha dado cuenta de este corta y pega. Y hay más en la página 19018, se cuela un capítulo completo de disposiciones sobre esta famosa oficina. Lo más preocupante es que todas estas disposiciones llevan la firma del Presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del Rey Don Juan Carlos.
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