Por su interés, reproducos a continuación el comunicado remitido el Comité de Empresa de ABC:
Hace apenas diez días, el Diario "ABC" presentó un Expediente de Regulación de Empleo para despedir a 238 trabajadores, entre ellos 84 redactores. Sabemos que desgraciadamente nuestra situación no es la única que están padeciendo los periodistas y demás empleados de los medios de comunicación españoles, pero sí resulta sintomática de lo que sucede en el sector. Si un periódico de la tradición y del prestigio de "ABC" que ha aumentado un 10 ciento su difusión el año pasado y que pertenece a un sólido grupo de comunicación que acaba de presentar beneficios decide deshacerse de la noche a la mañana de más de la mitad de la plantilla, podemos hacernos idea de lo que ya están padeciendo cientos de compañeros en empresas más pequeñas, no hablar de los despidos masivos que se anuncian en tantas otras para los próxos meses.
Algunos malos gestores están aprovechando la excusa de la crisis económica para sanear sus empresas de la única manera que conocen: recortando las plantillas. Es un error mayúsculo. Al desprenderse de los profesionales, que es el mejor activo con el que cuentan, prescinden de quienes con nuestros conocientos, nuestra valía y nuestra experiencia mejor podemos ayudar a afrontar un momento tan difícil como el que vivos. Enviar a la cola del Inem, como se pretende en "ABC", a más de la mitad de los empleados que venos manteniendo a flote un proyecto largamente centenario, no sólo es un drama para los despedidos. También se asesta un rejonazo mortal a las empresas, que dejarán de ser competitivas, renunciarán a elaborar productos de calidad y mucho nos tememos que ello supondrá a medio plazo una pérdida de audiencia y una caída de la confianza de los anunciantes. Por lo tanto, creemos sinceramente que estos despidos, si no los evitamos, generarán más despidos en el futuro, e incluso la quiebra de muchas empresas.
Los periodistas y demás empleados de los medios no somos los únicos que debemos estar preocupados los efectos de los despidos masivos y de la precarización laboral en el sector de la comunicación. Todos los ciudadanos, a los que la Constitución reconoce el derecho a recibir una información de calidad, se verán afectados esta dramática deriva. Los organismos públicos deben ser conscientes de que un ERE en una empresa periodística es, además de una brutal agresión a los empleados, un ataque a la libertad de expresión. Cada periodista despedido es un periodista menos que informa, un periodista menos que investiga, un periodista menos que genera opinión… Una creciente merma democrática que debemos denunciar y combatir con todos nuestros esfuerzos.
Madrid, 12 de marzo de 2009
