Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda, ha asegurado que la decisión del Ayuntamiento madrileño de demandar a la Comunidad los estatutos de Cajamadrid ‘es un error' en el programa Hoy en Madrid de Onda Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid piensa llevar a la Comunidad a los tribunales que considera que los nuevos estatutos de Cajamadrid restan poder al consistorio. Beteta, ante esta información, espera que ‘recapaciten. Que el Ayuntamiento piense que políticamente es un error pero, jurídicamente lo es aún mayor. Porque si jurídicamente ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que recogen y amparan la posibilidad que la ley de la Asamblea ha establecido, es evidente que un recurso de esta naturaleza que dice va en contra del principio de igualdad, no va a prosperar. Y políticamente aún es un error mayor dados los momentos que estamos viviendo pero, cada cual es libre de hacer las interpretaciones que entienda'.
El Consistorio, según Beteta, aprobó las mismas medidas que ahora quiere pugnar. ‘Entiendo que su opinión está clara y entiendo que su voto también, pero el Ayuntamiento está condicionado otras decisiones que se están produciendo con carácter previo a esta asamblea, a lo mejor, para presionar a determinados colectivos que tienen que votar el próxo día 26 los estatutos de la entidad'.
Según el consejero de Economía y Hacienda, en los nuevos estatutos de la entidad ‘hay un reparto del poder municipal. La decisión que tomó la Asamblea de Madrid es la línea ya adoptada ocho CC.AA donde se ha litado el poder de las grandes ciudades para que pudieran entrar muchos municipios y, de este modo, facilitar la participación', explicó Beteta sobre la disminución de la participación de Madrid en la Caja y recordó que en Cataluña, con la Caixa, Barcelona cuenta con el 20% mientras que ‘Madrid sigue teniendo un 30% de Cajamadrid. No se puede quejar'.
El anuncio de medidas judiciales parte del Ayuntamiento, según Beteta, ‘da la presión, a prera vista, de que pretendan amedrentar a algún consejero con esas declaraciones que se atienen mal con el ordenamiento jurídico que, cuando hay una base constitucional clara, no hay fundamento jurídico'.