31/07/09 VENEZUELA 9.865 SUSCRIPTORES El cerco que lita la libertad de expresión en Venezuela se está reduciendo al tamaño del puño de Hugo Chávez, después de que ayer, la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, propusiera a la Asamblea Nacional un proyecto para castigar los ‘delitos mediáticos’. Según este documento, quien divulgue una información considerada ‘falsa’, ‘manipulada’ o ‘tergiversada’ que cause ‘perjuicio a los intereses del Estado’ podrá ser castigado hasta con cuatro años de cárcel.
La pluralidad informativa en Venezuela tiene los días contados. Tras la puesta en marcha de una reforma de la Ley de Telecomunicaciones, con la que pretende ‘democratizar’ los medios y cuya aplicación podría saldarse con el cierre de 240 emisoras de radio (el 40% del total); ahora el gobierno ha dado un paso más, a través del proyecto que presentaba ayer la fiscal general Luisa Ortega Díaz. El objetivo del mismo es, según declaró, hacer frente ‘a las nuevas formas de crinalidad surgidas como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión’.
Descárgate el Proyecto de Ley pinchando aquí.
En su comparecencia, la Fiscal aseguró que ‘es necesario que el Estado venezolano regulase la libertad de expresión’. ‘Es la libertad de expresión en el marco de nuestro derecho de todos los venezolanos tiene un límite. Reclamo que se ponga un límite a ese derecho‘. Seguidamente, la representante del Ministerio Público explicaba que no pretende litar la libertad de expresión, sino regularla.
Esta propuesta, según explicó se basaría en la sentencia 1942 de la Sala Constitucional del TSJ del 15 de julio del 2.003, la cual interpretó las disposiciones constitucionales sobre la liberta de expresión y sirven de fundamento para legislar las conductas a través de las cuales se utilice un medio y se coadyuve para hacer ataque a la independencia de la nación, al orden público o se realicen efectos posteriores que afecten la tranquilidad de los ciudadanos y las personas, y a través de la cual se consideró que a través de los medios se pueden debilitar las instituciones del Estado’
En el proyecto de Ley se definen las actividades a las que se aplicará esta norma, así como las penas que serían aplicadas en cada caso. De esta manera, la divulgación de noticias falsas, la manipulación de noticias, instigación y la omisión involuntaria de suministrar información se castigaría con penas de dos a cuatro años, la negativa a revelar información se penalizará con prisión de seis meses a dos años; mientras que la coacción mediática llevaría a prisión al responsable una duración entre uno y tres años.
La puesta en marcha de este proyecto no ha tardado en provocar reacciones. El director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha acusado al Gobierno venezolano de convertir al país en el ‘único de América que retrocede sistemáticamente en materia de liberta de expresión. De la misma manera, el Comité para la Protección de los periodistas (CPJ sus siglas en inglés) aseguraba que ‘este proyecto es reminiscente de las oscuras épocas de las dictaduras latinoamericanas con sus cláusulas arcaicas para los llamados ‘delitos mediáticos’
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