13/10/09 ARGENTINA 17.320 SUSCRIPTORES Este sábado el Senado daba luz verde a la polémica Ley de Medios Audiovisuales pulsada el Kirchenerismo e inmediatamente la norma era publicada en una edición extraordinaria del Boletín Oficial. No obstante, desde los grupos opositores se lucha derogarla o modificarla una vez se hayan realizado los cambios pertinentes tanto en el Senado como en el Congreso el próxo 10 de diciembre.
Este sábado, el Kirchenrismo se salía con la suya después de obtener la mayoría de votos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Radiodifusión y obtener así la media sanción que le faltaba para hacerla efectiva. Desde ese mismo instante, tanto desde el oficialismo como desde la oposición se ha emprendido una carrera.
Por una parte, la Casa Rosada, a sabiendas de la fuerte oposición a la que se enfrenta y que a partir del 10 de diciembre la composición de las cámaras legislativas cambiará en su contra (tras haber perdido las elecciones de junio), ha iniciado su particular carrera con el fin de asegurarse que el organismo de control esté listo cuanto antes. Tras la aprobación de ley el pasado sábado, el Gobierno promulgó ese mismo día la norma con la publicación de una edición extraordinaria oficial del Boletín Oficial.
Por su parte, al poco tiempo de ser firmado el artículo legal, los empresarios de los grupos mediáticos más grandes del país, Clarín y Grupo Uno anunciaron que cuestionarán judicialmente la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según recoge el Nacional, el jefe del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, Oscar Aguad, aseguró que ‘avanzarán con urgencia para derogar la nueva ley de medios ya que en su opinión ‘menoscaba la inconstitucionalidad del país’.
Como prera medida, planteó la posibilidad de anular el artículo 161, uno de los que más quejas tuvieron durante el debate en el Congreso, que establece el plazo e un año para que las empresas se desprendan de las licencias que exceda el número permitido la nueva norma. Y es que el nuevo proyecto tiene como objetivo litar la concentración de medios audiovisuales y definir el rubro como ‘social y de bien público’ y reemplazará la aprobada durante la últa dictadura (1976 1983) que según el oficialismo, favorecía la concentración de los medios de comunicación en pocas manos.
En esta misma línea se ha manifestado la Sociedad Interamericana de Prensa. La entidad lamentó el cla polémico y politizado que ha invadido la aprobación relámpago de la nueva ley de radiodifusión y reclamó que no se hay legislado sobre el abuso del Estado en materia de distribución de publicidad oficial demandad el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, la SIP manifestó su solidaridad con las entidades periodísticas y medios de comunicación que criticaron varias normas de la nueva legislación.
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