La que ha organizado Esperanza Aguirre con su anuncio de meter mano a los liberados sindicales, esa modalidad tan española de trabajador que no trabaja, pero que cobra tan ricamente. Ha dicho la presidenta que ajustará el número de liberados sindicales de acuerdo a lo que corresponde a la ley, “lo que además de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica”. Se puede decir más alto, pero no más claro. Quiere Esperanza Aguirre acabar con aquellos que se han tomado la defensa de los trabajadores como excusa para no arrar el hombro. Aguirre ha puesto el dedo en la llaga, que no hay nadie, salvo los propios liberados sindicales, que no vea la gran patraña en la que se refugian buen número de zánganos con escasas o nulas ganas de trabajar y de cumplir rigurosamente un horario como el resto de trabajadores, pero que cobran religiosamente su peonada rascarse la barriga. No es razonable que para defender los derechos de los trabajadores haya que dejar de trabajar. Si los sindicatos quieren liberar a trabajadores en las empresas y organismos oficiales que lo paguen con las cuotas de sus afiliados y con las jugosas subvenciones que reciben con los puestos de todos los españoles. Pero el problema es que esas subvenciones sólo sirven para alentar y mantener unos mastodónticos sindicatos apesebrados que han mirado para otro lado ante la destrucción masiva de empleo. La duda que suscita la decisión de la presidenta es qué adopta ahora esta medida, pues caraduras ha habido siempre. ¿No estaban antes enca de lo que corresponde ley? Deberá aclararlo, que en caso contrario podemos pensar que es un golpe de efecto ante la próxa huelga general. Pero puestos a sugerir medidas de recorte de gasto, le propongo a la presidenta, con acuse de recibo a otros presidentes, ministros, alcaldes y silares, que le den una vuelta a otro de los gastos que asfixia las administraciones públicas, ya sean del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, o de las administraciones locales, y es el de los puestos de confianza, también conocidos como asesores, un grupo laboral tan numeroso y gravoso como innecesario, pues se supone que nuestros gobernantes están sobradamente capacitados para tomar sí mismos las decisiones más justas y necesarias para el bien de los ciudadanos. ¿O no lo están?
Alberto Castillo
Director de Gente en Madrid
