- El Gobierno estadounidense ha estado muy pendiente del proceso de elaboración de la Ley Sinde. Tanto es así que el PSOE pidió ayuda a la embajada estadounidense para convencer al PP de que apoyara la Ley.
Desde 2004 los Gobiernos de España y Estados Unidos han trabajado juntos para la materialización de una Ley contra la piratería en España, tal y como se observa en los cables de Wikileaks publicados El País. En 2008 el entonces secretario de Estado, Francisco Ros, se reunió con el número dos de la embajada, Hugo Llorens, para tranquilizarle al respecto de los pocos avances de España contra la piratería. Le advirtió de que los sistemas legales de España y Estados Unidos no son compatibles lo que sería posible dar los pasos exactos que el Gobierno de Estados Unidos quería.
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Pero la mediación de Estados Unidos continúa e incluso se intensifica cuando González Sinde llega al Gobierno en 2009. La ministra mantiene una reunión con el número dos de la embajada Arnold A. Chacón y se establece que expertos seleccionados Washington asesoren al Ministerio de Cultura en la puesta en marcha de la Ley antidescargas. Sinde explica que sería ideal que los proveedores de contenidos y las empresas que procionan la conexión pudieran alcanzar acuerdos contra la piratería, pero las segundas no están la labor.
El Gobierno socialista también pide a Estados Unidos que intervenga para convencer al PP de que apoye esta Ley. Miguel Sebastián explica ante la embajada que los españoles se creen con derecho a descargarse lo que quieran al pagar el canon digital. Además solicita al embajador que medie para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, deje de reunirse con los internautas para presionar en contra de la Ley Sinde.
Los representantes de la industria cultural, a través de la Coalición de Creadores, también piden a la embajada y al número dos de la oficina de Comercio de Estados Unidos, Christopher Wilson, que recuerden al PP su interés en la protección de la propiedad privada y su vínculo con Estados Unidos. Los creadores también urgen al Gobierno para que promueva la Ley presionando para que España aparezca en la lista negra de Estados Unisos de países donde no se persigue la piratería.
Wilson mantiene reuniones con Francisco Ros y el director general de Política Cultural, Guillermo Corral donde le piden de nuevo que medie con el PP. Corral explica al alto cargo estadounidense que aunque los jueces han declinado sancionar a las páginas de descargas al no existir áno de lucro si autorizarían su bloqueo si un cuerpo administrativo lo ordenase: función que le correspondería a la futura Comisión de Propiedad Intelectual.
Christopher Wilson se encuentra con el secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, quien le explica que su partido es partidario de una fuerte protección de la propiedad intelectual, pero quiere un proceso 100% judicial. De manera que se establece que el acuerdo es posible si se intensifica la vía judicial.
En total hay 124 cables relacionados con la propiedad intelectual entre 2004 y 2010, aunque no todos están directamente relacionados con la Ley Sinde. Lo que sí queda patente es que Estados Unidos ha estado pendiente del proceso y no ha dudado en intervenir a favor de su aprobación.
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