La Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico (P(A)T) y la sección de Afectados AP(A)T han presentado en Cataluña un ‘Estudio piloto sobre el pacto de los siniestros de tráfico en las víctas y afectados’. Se trata del prero de estas características que se hace en España.
El estudio ha sido cofinanciado la Dirección General de Tráfico (DGT) y realizado la empresa INSTITUTO OPINOMETRE, que ha entrevistado a familias catalanas que han sufrido un accidente de tráfico con resultado de muerte o heridas permanentes graves de alguno de sus miembros (el 75% de los entrevistados eran familiares y un 25% víctas). Se trata del prer estudio de estas características que se hace en España y tiene como antecedente el estudio realizado la FEVR (Féderation Européen des Victes de la Route) en 9 países de Europa sobre ‘El pacto en la calidad y nivel de vida en las víctas y familiares de los siniestros de tráfico’.
Este estudio nace con la idea de acercar la realidad sobre las víctas y sus familiares así como de sus necesidades. ‘El pacto causado siniestros de tráfico en la vida de los afectados y las consecuencias para las víctas y sus familias es desconocido tanto las administraciones como la sociedad’ apuntan desde la PAT.
Según los datos obtenidos el 90% de los familiares de las víctas mortales y de personas con graves secuelas permanentes discapacitantes se consideran también víctas del accidente y dicen sufrir directamente las consecuencias del siniestro en sus vidas. ‘Esta sensación ha de tener efectos administrativos, de tratamiento y ayuda social y sería muy recomendable que las administraciones y legisladores trabajaran para crear los mecanismos para esta atención de clara necesidad’ dicen desde la Asociación.
Se trata de un sector de la población tante. En la últa década 40.152 familias catalanas y 266.506 españolas (según datos oficiales), han sido víctas de un siniestro de tráfico grave y, atendiendo a los datos de la encuesta, no se sienten respaldadas ni la justicia ni para las administraciones.
Un 81% de los participantes considera que en su caso no se ha hecho justicia. El 62,5% considera inaceptable el tiempo de espera del juicio (con una media de 4 años). El 57,1% declara no estar satisfecho con la relación con las compañías aseguradoras, que se perciben como entidades que no facilitan los trámites ni procionan la información adecuada, al contrario, ponen sus intereses a los de las víctas y afectados.
El 50% de los afectados han seguido tratamiento psicológico. El 31,1% sufren depresión aguda, respecto al 8% de la población general. El 33% han sufrido angustia respecto al 2,5% de la población general. Un 31,3% sufren insomnio, respecto al 15% de la población general. Un 43,8% sufren trastornos de la conducta alentaria, respecto al 5% de la población general. El 16,7% viven la separación de la pareja, respecto al 2,5% de la población general.
La mayoría de ellos ha sufrido secuelas emocionales, laborales, económicas, sociales y físicas. En cuanto a la atención en el momento del accidente, la valoran muy positivamente. Sin embargo se quejan de la frialdad en los momentos posteriores, ejemplo a la hora de identificar a un familiar. Todos agradecerían más información en esos momentos y opinan que las indemnizaciones percibidas son escasas en comparación con los daños sufridos.
Este es un prer estudio piloto y la intención es continuar durante el año 2011 ampliando el ámbito territorial y las personas participantes en el estudio.
Seguiremos informando…