- El Pleno del Senado ha aprobado el texto de la Ley de Economía Sostenible que incluye la Ley Sinde como disposición adicional. PSOE, PP y CiU han votado a favor sólo con la oposición de BNG y Coalición Canaria.
Un año después, ciber movilizaciones mediante, un rechazo en las Cortes y ríos de tinta, la Ley Sinde ha resucitado oficialmente. En realidad ya lo había hecho hace unas semanas en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado tras el acuerdo del PP, PSOE y Ciu, pero ahora se ha hecho oficial. Ahora resta la aprobación final en la Cortes –en un plazo aproxado de un mes y probablemente podría comenzar a aplicarse en los preros casos en torno al verano, una vez aprobado su reglamento.
las medidas que prevén reformas encaminadas a acelerar el bloqueo o cierre de sitios web que faciliten los intercambios no autorizados de contenidos protegidos derechos de autor. Estas medidas, que fueron elinadas de la LES durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, fueron ‘rescatadas’ en la Comisión de Economía del Senado mediante una enmienda pactada el PSOE, el PP y CiU.
En los últos días, varios colectivos se volvieron a movilizar, como ya sucediera el pasado mes de noviembre a raíz de la tramitación de la ley en la Cámara Baja, y pidieron a los usuarios que envíen correos electrónicos a los senadores, en un intento vano de evitar el visto bueno de la Cámara Alta a la LES. Según publica laInformación.com, buena parte de los senadores vieron sus cuentas saturadas la avalancha de ’emails’ y “a últa hora de este martes al Senado habían llegado más de 450.000 correos electrónicos” tan solo a través de la iniciativa de hacktivistas.net.
Según el PP, las diferencias entre el anterior cuerpo normativo –que ellos rechazaron en el Congreso y la nueva Ley radica en el compromiso del Gobierno de suprir el canon digital en tres meses, la posibilidad de negociación entre el denunciado y el denunciante para que pueda retirar los contenidos, la composición concreta de la Comisión de control, o que siempre se tenga que hacer una denuncia a instancia del titular de los derechos.
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