11/03/2011 EL SALVADOR 1.480 SUSCRIPTORES El 9 de marzo fueron condenadas 11 de las 31 personas juzgadas su plicación en el asesinato del documentalista francoespañol Christian Poveda, efectuado el 2 de septiembre de 2009 en El Salvador. Las penas van de los 4 a los 30 años de prisión.
Los autores intelectuales y materiales del cren, Luis Roberto Vásquez Romero (alias El Tiger) y José Alejandro Melara (alias El Puma) fueron condenados, cada uno, a treinta años de prisión. Declarada culpable de complicidad Keiry Geraldina Mallorga Álvarez fue condenada a veinte años de cárcel.
Los mareros (pandilleros) Javier Amilcar Fuentes, Daniel Cabrera Flores, Juan Anastacio Jénez, José Mateo Cruz, Armando Rivera, Carlos Peraza y Salvador Peraza, y el ex policía Juan Napoleón Espinoza Pérez fueron condenados a cuatro años de prisión ‘agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública’.
La Fiscalía General de la República había pedido cincuenta años de cárcel contra 30 de los acusados ‘homicidio agravado’, ‘proposición y conspiración’, y la misma pena, aumentada con seis años y medio ‘agrupaciones ilícitas’, contra Juan Napoleón Espinoza Pérez. Se desconoce el paradero de otros dos individuos inculpados.
Reteros Sin Fronteras siente alivio y frustración ante el veredicto. ‘El transcurso de los hechos parece claro y el móvil directo, establecido. No obstante, dos días de audiencia para tantos acusados, ¿habrán bastado para atribuir todas las responsabilidades y esclarecer todas las zonas oscuras del expediente? ¿Habrán permitido reconstruir completo el hilo de la historia de Christian Poveda y los jóvenes que aparecen en su película? ¿Cómo explicar la diferencia entre los requerientos del fiscal y las penas dictadas? Es a la vez, con una nota de alivio y de frustración que podemos recibir este veredicto. Si la lucha contra la punidad ganó, la manifestación de la verdad fue quizá demasiado rápida’ apunta RSF.
RSF apunta que según las declaraciones hechas en el juicio, Christian Poveda habría incumplido su promesa de ayudar financieramente a los protagonistas de su documental La Vida Loca –al que dedicó 16 meses de rodaje–, a cambio de que le permitieran filmarlos. Los miembros de la Mara 18, que aparecen en la película, también se habrían sentido traicionados cuando comenzó a circular un DVD pirata de La Vida Loca. Según ellos, Christian Poveda se había comprometido a no difundir su obra en territorio salvadoreño y a cortar varias escenas que podrían exponer a algunos mareros.
Hoy es posible establecer, con un testonio que lo contradiga, si Christian Poveda efectivamente prometió ayuda financiera a los actores de La Vida Loca. Por desgracia, los pretextos de ese tipo para desacreditar a una vícta son frecuentes. En cuanto al episodio del DVD pirata, no podría constituir un móvil válido si se considera que Christian Poveda no tenía ningún interés en que su documental fuera pirateado, vendido y difundido sin su consentiento. ‘¿Quién desvió la obra y con qué objetivo? La pregunta queda en el aire’ señala RSF.
Estos acontecientos (los cuales no se pueden corroborar) habrían dañado gravemente la confianza que existía entre Christian Poveda y los mareros, pero no explican el asesinato como tal. Es la tesis aparentemente retenida la justicia salvadoreña. El acto habría sido decidido cuando Juan Napoleón Espinoza Pérez denunció que el documentalista era un informador de la policía, contra los intereses de la banda. ‘¿Qué razones condujeron al ex policía, entonces en funciones, a entregar a Christian Poveda a sus asesinos? Otra pregunta clave’ apunta RSF.
Según las declaraciones registradas durante las audiencias, quince mareros reunidos en una casa de la periferia de la capital condenaron a muerte a Christian Poveda el 25 de agosto de 2009, y decidieron ejecutarlo cinco días más tarde, en una prera cita a la que no asistió debido a un viaje al extranjero. El asesinato fue efectuado el 2 de septiembre de 2009 ‘Tengo cita en La Campanera (localidad ubicada en las periferias de San Salvador donde filmó La Vida Loca) con cuatro locos furiosos’, confió el documentalista poco antes de su muerte a Carole Solive, la productora de la película, y a su amigo Alain Mingam, miembro del consejo de administración de Reteros sin Fronteras.
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