11/04/2011 PRLATAM 115.942 SUSCRIPTORES En la últa sesión de su Asamblea semestral, la Sociedad Interamericana de Prensa publicó sus conclusiones sobre la situación del periodismo en el continente. La SIP señaló a México como el país más peligroso para el ejercicio de la profesión y situó a otros seis en la lista negra de la libertad de prensa: Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaraguay y Cuba.
La SIP apuntó que ‘las reiteradas promesas de distintos presidentes para federalizar esos crímenes no se han cumplido y continúan sin ser consideradas el Congreso’, que el cren organizado se extiende el país azteca a otros países y que el periodismo enfrenta leyes restrictivas y acciones que parecieran un plan estratégico para poner fin a la prensa independiente. ‘Las acciones violentas del cren organizado cobraron las vidas de cinco periodistas —tres en México, uno en Paraguay y uno en Honduras—, mientras que otro retero mexicano permanece desaparecido’, leyó en las conclusiones de los últos seis meses el editor del semanario Búsqueda de Uruguay, Claudio Paolillo.
Detalló que tanto en México como en Honduras, diversos grupos de medios de comunicación suscribieron acuerdos para dar tratamiento especial a las noticias del narcotráfico. ‘Pero la mancha del cren organizado, tanto de las bandas de narcos, como de grupos guerrilleros y paramilitares, se está expandiendo a otros países como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y las naciones de Centroamérica, donde las continuas amenazas proferidas contra periodistas levantan el riesgo de que se ponga la autocensura’, se afirmó en las conclusiones. En naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana ‘son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio de los presidentes contra medios y periodistas’, destacó el periodista. El rete criticó además la distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar la opinión disidente en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Guatemala.
Con respecto a Cuba, la SIP concluyó que ‘la liberación en Cuba de todos los periodistas encarcelados en 2003 no mejoró la situación. Todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene sin cambio alguno la utilización de los medios estatales como instrumentos de propaganda, de acciones represivas contra los intentos de informar de modo independiente y las operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar a las voces discordantes’.
La libertad de prensa decayó gravemente en los últos seis meses en casi todo el continente americano, ‘particularmente en Argentina y Ecuador’. En cuanto a Argentina, la SIP denunció ‘un conjunto de violaciones a la libertad de expresión que se abatió contra medios y periodistas, y campañas de desprestigio y de aborreciento, con publicidad para medios amigos del Estado’ y recordó los bloqueos a los diarios Clarín, La Nación, Olé, La Voz del Interior y Día a Día, lo que pidió ‘el cumpliento de sus deberes y obligaciones para evitar futuros obstáculos y trabas para la libre circulación de los diarios’. La SIP exigió también al ejecutivo kirchnerista que ‘cese el uso abiertamente discrecional y arbitrario de la publicidad oficial en los medios de comunicación del país’.
En el caso de Ecuador, subrayó las tácticas del gobierno del presidente Rafael Correa que ‘apretó el acelerador de su carrera de cuatro años contra el periodismo independiente o crítico, al presentar dos demandas millonarias contra tres periodistas y un diario, a quienes declara indemnización de 10 y 80 millones de dólares’. La SIP concluyó que las demandas de ambos gobiernos buscan acallar a voces críticas, lo que pidió al mandatario que las retire. Otra de las resoluciones sobre Ecuador fue rechazar dos puntos incluidos en el próxo referéndum relacionados con la libertad de expresión: una enmienda sobre los derechos de directivos y propietarios de medios y una reforma que crearía un consejo para regular el contenido periodístico.
De la situación venezolana, indicó la persecución policial, política y judicial contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, el periodista y editor del diario el Nuevo País, Rafael Poleo y la periodista Patricia Poleo, lo que les obliga a permanecer en el exilio, y también consideró que ‘el estado venezolano incumple la obligación dictada la CIDH de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información, y el derecho a la integridad física de varios periodistas y directivos de medios de comunicación en Venezuela; además que continúan cerradas 34 emisoras y los canales RCTV y RCTVI’.
También se criticó al gobierno venezolano aprobar ‘leyes que “extienden a intet las restricciones informativas que ya existían sobre la radio y la televisión abierta’. Por esto, la Sociedad resolvió ‘condenar ante la comunidad internacional, la OEA y la ONU, las actuaciones y leyes violatorias de los principios democráticos que ha sancionado el presidente Chávez’, así como ‘exigir al gobierno el cumpliento de la constitución y de los tratados internacionales y solicitar al gobierno venezolano que se permita la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la relatoría especial para la libertad de expresión en Venezuela’.
La organización publicó sentencias, leyes y proyectos de ley que afectan a la libertad de expresión en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Chile, Perú, Jamaica, Bolivia, Brasil, Uruguay y Canadá, y recordó las palabras de su presidente, Gonzalo Marroquín, al respecto: ‘Las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad’.
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