24/05/2011 PRLATAM 115.942 SUSCRIPTORES El Salvador ocupa el puesto 51 de 178 en el ranking mundial de libertad de prensa elaborado anualmente Reteros sin Fronteras (RSF). Según este organismo en 2010 no hubo en el país asesinatos ni encarcelamiento de periodistas y se produjeron durante el pasado año tantes avances en las investigaciones de la muerte del documentalista Christian Poveda.
En 2010 se detuvo a varios presuntos autores del cren de Poveda, asesinado en septiembre de 2009 cuando grababa el documental ‘La vida loca’, sobre la Mara 18. El caso fue seguido de cerca el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, quien ejerció el oficio del periodista, en una demostración de ‘la voluntad política y judicial de resolver un caso emblemático de la violencia que mina el país y lo ubica entre los más peligrosos del continente’, según RSF.
La libertad de expresión en Latinoamérica países:
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En febrero, la policía arrestó a los miembros de la Mara 18 Roberto Hernández, El Scrapy, de 24 años; José Carlos Barahona, El Kala, de 28 años, y Rafael Parada, Soomby, de 26 años, su presunta participación en el homicidio. Dos meses después, en abril, fue arrestado uno de los principales jefes de la banda, Daniel Cabrera Flores, alias El Black, y en mayo Iván Antonio Leiva, de 23 años, que será juzgado homicidio agravado al considerársele el supuesto autor intelectual del cren. Tras esta últa detención, se eleva a 35 el número de presuntos participantes en el asesinato que han sido detenidos.
Pero el año pasado no todo fueron buenas noticias para la situación de los periodistas en El Salvador. Más allá del caso de Cristian Poveda, en el mes de septiembre, la Corte Suprema de Justicia reformó una parte del Código Penal salvadoreño en la que se protegía a medios y periodistas de posibles sanciones penales en casos de difamación que involucraran a funcionarios públicos. Según publica en su informe anual el Comité para la Protección para los Periodistas (CPJ), la Organización de Estados Americanos para la libertad de expresión planteó su preocupación acerca del fallo de la corte, argumentando que las cláusulas sujetas a reforma constituían una tante protección para la libertad de prensa.
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