La vista prelinar celebrada el otro día en el Tribunal de Luxemburgo la denuncia que presentó la Comisión Europea contra Italia y Alemania, la posibilidad de que las empresas sean propietarias de oficinas de farmacia dejó claro que los Estados que tienen una regulación de los servicios farmacéuticos no piensan renunciar a la misma.
En la vista intervinieron una parte los representantes de la Comisión y otra los abogados del Estado de los países demandados y los de otros Estados Miembros que se han personado en el caso y en este sentido, es de destacar la energía y coordinación con que estos letrados defendieron sus postulados, especialmente el español, que señaló que, ante la inexistencia de una política armonizada sobre este asunto en la Unión Europea, los Estados Miembros siguen teniendo libertad para establecer los procedientos y regulaciones que consideren más adecuadas para garantizar la salud de los ciudadanos.
Asismo el abogado español añadió que la Comisión está utilizando las denuncias ante el Tribunal como instrumento para forzar cambios en las legislaciones nacionales, sin dar otunidad para la participación ni de los consumidores y usuarios ni de los profesionales afectados.
Curiosamente, las intervenciones de los representantes de la Comisión y de los países que están a su favor (Holanda e Irlanda) reconocieron que existe un conflicto de intereses entre las empresas propietarias de farmacias sean o no de cadena y los profesionales farmacéuticos empleados. Sin embargo, añadieron que esto podría solucionarse estableciendo una serie de regulaciones, prohibiciones y medios de vigilancia para evitar esos conflictos. Es decir, que propusieron que se regulase todavía más el servicio, cuando en teoría deberían defender la elinación de las restricciones.
Especialmente llamativa fue la intervención del representante de Letonia, que afirmó que en ese país se había tenido que volver a regular la propiedad y la instalación que se había producido un fenómeno de concentración geográfica y de propiedad de las oficinas de farmacia, lo que había perjudicado a los ciudadanos.
En todos los casos, los abogados representantes de los países ‘reguladores' señalaron al Tribunal que no se trataba de microchips ni de patatas, sino de servicios esenciales para la salud y que, en este caso, las exigencias de Mercado Interior no estaban justificadas.
Una vez oídas todas las partes, los miembros del Tribunal señalaron para el próxo día 18 de diciembre la recepción de las conclusiones del Abogado General, que cerrarán el proceso hasta la definitiva sentencia, que puede prolongarse durante varios meses más.
