Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, financia con cincuenta millones de euros casi cien propuestas de las Comunidades Autónomas en I+D. Lo matizó el señor Arnés al decir que éste era el vehículo adecuado del entendiento con la Administración.
Así, mientras se deshoja la margarita de la economía sostenible a fin de que la financiación sanitaria no acabe en bancarrota, recibamos con alegría la propuesta de la sociedad civil que reclama una reforma legal para estular las donaciones a la I+D. Lo contaba de manera exquisita Josep Corbella en un trabajo que tituló en La Vanguardia ‘Hacia una economía del conociento‘. En ella, Juan Rossell, presidente de Foment del Treball, decía que ‘es indudable que el aumento del mecenazgo para investigación contribuye al incremento de actividades relacionadas con el conociento’.
Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio, indicó: ‘somos uno de los países desarrollados con un trato fiscal más obsoleto del mecenazgo para investigación. El modelo hacia el que deberíamos tender es el de Estados Unidos’. Leopoldo Rodés, presidente de la Fundación Fero, apuntaló que ‘la investigación biomédica es uno de nuestros grandes activos. Las instituciones deber ser conscientes de la tancia que tienen para el país y potenciarla más’.
Y, finalmente, Pascual Maragall, presidente de su Fundación, sentenció que ‘es el momento de reformar la ley de mecenazgo. Nuestro objetivo es lograr que España equipare su fiscalidad a la de Francia’. Es lo que hay. Seguro.
