Las autoridades sanitarias y políticas celebran los 25 años de la Ley General de Sanidad. La ley que dio luz verde a las transferencias de las competencias en sanidad a las comunidades autónomas cumple sus bodas de plata. ¿Motivo de celebración o de revisión?
‘Hoy, 25 años después, la Ley General de Sanidad ha cumplido su objetivo prioritario: asegurar a toda la ciudadanía un sistema de protección que incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la extensión de la asistencia sanitaria a toda la población y la superación de los desequilibrios territoriales y sociales’, así de optista ha valorado la Ley General de Sanidad la actual ministra de Sanidad y otros menesteres, Leire Pajín, en una tribuna para El País con motivo de los 25 años de la vigencia de la Ley. Igual de optista se ha mostrado el doctor Miguel García Alarilla, vicepresidente del Colegio de Médicos de Madrid, ‘esta Ley es uno de los avances jurídicos más destacables en la sanidad de los últos años y un punto de inflexión en los servicios sanitarios españoles’.
La Ley que pulsó el entonces ministro de sanidad del gobierno de González, Est Lluch en 1986, ha supuesto entre otras muchas cosas, la creación de 17 sistemas sanitarios diferentes gracias al modelo que la misma ley pulsaba de proceder a las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de sanidad. Este hecho ha sido celebrado las autoridades sanitarias, como lo ha demostrado la ministra de Sanidad. Sin embargo, muchas han sido las voces que durante estos últos años han denunciado que el actual modelo descentralizado más que igualdad, lo que ha generado son desigualdades en el acceso a las prestaciones de servicios sanitarios, dependiendo de la comunidad autónoma en la que los ciudadanos residan. ¿Se puede celebrar un modelo que ha generado desigualdades?
El panorama sanitario de 1986 es muy diferente al actual, y no sólo las demandas de la población en lo que a servicios sanitarios se refiere. Hoy día, el envejeciento de la población es, sin duda, uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sanidad, al igual que la contención del gasto farmacéutico. Pero sin duda, un aspecto que ha cambiado ha sido el papel del ciudadano, cada día más consciente de su responsabilidad en el cuidado de su salud, y ello más exigente. En este contexto, diferencias en el acceso a los diferentes servicios sanitarios y las inequidades entre comunidades son los resultados, parece, de una Ley que pretendía acercarse más a las necesidades de los ciudadanos.
La ley establecía que ‘el Sistema Nacional de Salud se concibe así como el conjunto de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas convenientemente coordinados ‘. Ahora, 25 años después de su promulgación y de que las transferencias a las comunidades autónomas ya sean una realidad, cabe preguntarse si esa ‘coordinación’ es una realidad, o más bien un reto cumplir. Si realmente existiera esa coordinación en la que se basa la Ley, ¿tendría sentido la polémica surgida los diferentes catálogos de medicamentos genéricos que ofrecen algunas comunidades como la gallega? ¿serían aceptables las quejas de diferencias en el acceso a tratamientos de pacientes?
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