Esta Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, a la que ha tenido acceso Servedia, consta de 72 páginas, siete capítulos, cuatro objetivos, 10 líneas de actuación y 60 medidas concretas. Tras su consulta pública, que estará vigente 20 días, será aprobada el Pleno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (Cerse).
Las diez líneas de actuación en las que se articulan las medidas son la promoción de la Responsabilidad Social; la integración de la RSC en la educación, formación e investigación; el buen gobierno y la transparencia; la gestión de recursos humanos y el fomento del empleo; la inversión socialmente responsable e I+D+i; la relación con los proveedores; el consumo responsable; el respeto al medio ambiente; la cooperación al desarrollo y la coordinación y participación. Estas medidas, su parte, se han dividido de acuerdo a su grado de prioridad. Por tanto, existen doce que se han identificado como ‘muy alta’, 18 como prioridad ‘alta’ y 30 como ‘media’.
La dirección general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad social de las Empresas se encargará de la coordinación del seguiento del cumpliento de estas medidas. Para ello propondrá al Cerse un grupo de trabajo que establezca los indicadores de seguiento, resultado e pacto en relación con cada una de las iniciativas. En base a ello se realizará un informe anual que se presentará tanto a dicho Consejo, como a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales, donde se reflejará el grado de ejecución y de desarrollo de la responsabilidad social en España.
Por otro lado, en la Estrategia se asegura que el Ministerio debe habilitar ‘los medios precisos’ para que el Cerse ‘se constituya como Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas en España’, tal y como establece el Real Decreto de su constitución. Sus actuaciones se centrarán en la elaboración de un modelo para promover que las empresas del sector público elaboren informes de buen gobierno y responsabilidad social; también tendrá que hacer una guía de buenas prácticas en materia de inversión socialmente responsable; así como la realización de un estudio y análisis de un informe sobre derechos humanos y empresas, entre otros aspectos.
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