En nuestro país hay actualmente más de 925.000 personas afectadas por ictus, de las cuales 400.000 presentan alguna discapacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria. Cada año se dan más de 120.000 nuevos casos en España, que podrían prevenirse en un 80% de las ocasiones.
En 2005 se implementó el Código Ictus en nuestro sistema sanitario. Este procedimiento implica una evaluación urgente del paciente sintomático y su traslado urgente a una de las unidades de Ictus más cercanas. Según el doctor Purroy, Director del grupo de Neurociencias Clínicas del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida y responsable de la Unidad de Ictus del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, “en la primera hora y media se puede mejorar a uno de cada dos pacientes tratados, y en las primeras cuatro horas y media, a uno de cada siete. Mejorar implica disminuir las secuelas para que la persona sea autónoma, sin discapacidad o con una muy leve”.
Pero en España no existen unidades de ictus en todas las provincias. El doctor Joan Montaner, Director del Programa de Ictus IBIS-HVR-VM, Sevilla y del Laboratorio de Investigación Neurovascular del Hospital Vall d’Hebrón, explicó durante la jornada organizada por la FEI (Federación Española de Ictus) que “en Andalucía existe lo que llamamos el ‘cinturón del ictus’, ya que es la comunidad donde ocurren más casos, y con la tasa más alta de mortalidad. Es significativo que para 8 millones de andaluces sólo existan 4 unidades de ictus a pesar de que para una atención óptima se necesitarían 16, especialmente si tenemos en cuenta que cada minuto cuenta en la atención de estos pacientes y estas unidades de ictus reducen la mortalidad”. Asimismo, tanto Galicia como Baleares y Extremadura sólo disponen de una unidad de ictus.
La investigación es también un componente fundamental en la prevención. Entre los factores que pueden reducir la alta incidencia del ictus en nuestro país están las últimas investigaciones en sistemas de detección precoz, como los biomarcadores. Además, los anticoagulantes de nueva generación reducen hasta en un 50% los efectos secundarios ya que son “mucho más seguros, pero no están disponibles para la mayoría de pacientes ya que son tratamientos con un alto coste económico” remarca el Dr. Francisco Purroy.
En el ámbito social es clave dotar a los hospitales de una estrategia integrada que involucre a todos los afectados: profesionales, pacientes y familiares. La calidad de vida del paciente pasa por una rehabilitación que le ayude a recuperar su máximo potencial. En el Hospital de Górliz, Vizcaya, existe un proyecto pionero: la escuela de Ictus. El objetivo de la escuela es informar a pacientes y familia y formar a cuidadores.
“El cuidador se convierte en parte fundamental de la recuperación del paciente, por lo que hay que dotarlo de la formación necesaria para poder gestionar esta nueva situación”, afirma el Dr. Pedro Tejada, médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación del hospital.
Es necesario impulsar las campañas de prevención y, sobre todo, es imprescindible formar a los ciudadanos para que reconozcan fácilmente los síntomas del ictus. El tiempo en este caso es más que oro: es vida.
