El Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Gobierno de Emiliano García-Page por haber vulnerado la ley que regula las comunicaciones institucionales. Concretamente, según ha dictaminado el TSJ, el ejecutivo manchego ha vulnerado la ley que recoge que “No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que contengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo de esta Ley. (…)”.
Los magistrados se refieren a la campaña que el Gobierno lanzó en Twitter a través de la cuenta @gobjccm bajo el hashtag #PAGECUMPLE y que vulnera la Ley 29/2005 que señala que “la dualidad entre la naturaleza política y ejecutva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas privadas”, es decir: no se puede hacer promoción partidista desde las herramientas de comunicación que representan a un gobierno. “El hashtag #PAGECUMPLE, tiene la finalidad de exaltar sus logros personales”, señala la sentencia.
Ahora, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, grupo que interpuso el recurso ante el TSJ, exige la dimisión del director de Comunicación de García-Page, Ignacio Hernando; y la directora general de Promoción Institucional y Administración, Esther Padilla. Tras la confirmación de que “Page utiliza el perfil de Twitter del Gobierno de Castilla-La Mancha de forma partidista sectaria y con una clara desventaja política en materia comunicativa”, según la sentencia, Francisco Cañizares, portavoz popular ha señalado que “los ciudadanos de nuestra tierra necesitan estar bien informados, necesitan saber qué se hace desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no necesitan sus mentiras, sus campañas y sus engaños”, en una intervención especialmente dura durante el Pleno.
Recientemente las Cortes Valencianas han aprobado la Ley de Publicidad Institucional que va en la misma dirección que la manchega, por la que los partidos políticos valencianos no podrán destinar dinero público a hacer compañas de comunicación publicitaria de corte partidista y que responda a intereses personales. La comunicación institucional deberá ir orientada al interés general de la población. En esta ocasión, el único voto en contra con el que ha contado la Ley de Publicidad Institucional ha venido de parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
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